- Esta iniciativa se hundió en la pasada legislatura, porque gracias al lobby minero no alcanzó a dar su cuarto y último debate en la plenaria del Senado de la República.
- Cerca de 16 municipios del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC) se encuentran en riesgo de desaparecer, si no se toman acciones urgentes que restrinjan la minería a gran escala, pues se verían directamente afectados con la aprobación de los títulos de interés minero que se ciernen sobre sus territorios.
- Para septiembre de 2022 existían 138 contratos de concesión minera vigentes, que abarcan más de 21.000 hectáreas del PCCC.
El Representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García Ríos, volvió a radicar el proyecto de ley que busca restringir la minería en el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC), después de que el lobby político ejercido por el sector minero en la pasada legislatura impidiera que se llevara a cabo su cuarto y último debate para convertirse en ley de la República. De esta manera, el Parlamentario busca resguardar los municipios que se encuentran en riesgo de desaparecer y de perder sus actividades de manutención por la entrada de la minería a gran escala en sus territorios, además de proteger la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad que, en 2011, le otorgó la UNESCO a dicho territorio del país.
“Nosotros tenemos un compromiso con los habitantes de los municipios del Paisaje que en este momento están en riesgo de desaparecer. Lastimosamente, hace unas semanas, el pulso lo ganó un lobby minero que pone por encima los intereses de las grandes empresas mineras internacionales, sin importar las consecuencias que esto puede traer para el medio ambiente, para las economías que impulsan el desarrollo y la competitividad del territorio y del país como el turismo, la caficultura y la agricultura, las cuales dependen de que la UNESCO mantenga la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio de la Humanidad; pero, tal como lo dijimos en ese momento, nosotros seguimos trabajando para velar por los intereses de los colombianos y esa es la razón por la que estamos presentando esta iniciativa nuevamente.
Esperamos que esta vez el Congreso esté a la altura para preservar el Paisaje, para defender los intereses de las economías nacionales y no para defender el interés de los bolsillos de las grandes empresas mineras de Estados Unidos, Canadá o Sudáfrica”, señaló el Representante García Ríos.
Vale la pena resaltar que, para septiembre de 2022, existían 138 contratos de concesión minera vigentes, otorgados para la extracción de minerales y de materiales de construcción (89,13%), metales preciosos (9,42%) (oro, plata, platino), carbón, manganeso, níquel y minerales industriales, entre otros, contratos que abarcan más de 21.000 hectáreas del territorio de los departamentos que conforman el PCCC; adicionalmente, a16 de los 51 municipios del paisaje han llegado títulos de interés minero sobre más del 50% de sus territorios, como es el caso de Belén de Umbría - Risaralda (interés sobre el 79,61% del territorio); La Merced - Caldas (86,71%), Riosucio - Caldas (72,84%), Córdoba - Quindío (69,64%), Salento - Quindío (64,54%), Filadelfia - Caldas (58,94%), entre otros, lo que no solo abre la puerta a la desaparición de dichos territorios, sino que obligaría al desplazamiento de miles de familias que los habitan.
Es de resaltar que, para mantener la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, la UNESCO exige que no se realice minería a gran escala, ni actividades que perjudiquen la cultura ni el patrimonio arquitectónico, natural y paisajístico en estos territorios.
Perderla traería un retroceso en materia social, cultural, económica y territorial para los 51 municipios de los departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca que componen el PCCC, cuyas características naturales, culturales y arquitectónicas significan un impulso para su competitividad y desarrollo sostenible, más teniendo en cuenta que la participación económica de la actividad minera de los departamentos anteriormente mencionados no supera el 0,3%.
Sin embargo, el proyecto no desconoce que, para algunos municipios, su principal fuente de ingresos proviene de la actividad minera, por lo que la iniciativa no la prohíbe, sino que condiciona la aprobación de grandes concesiones mineras en esa zona del país; además, brinda garantías a las más de 100 concesiones mineras que operan en el PCCC, al plantear un régimen de transición para que estas empresas puedan terminar sus respectivos contratos con la vigencia pactada.
También, contempla la protección a las y los mineros artesanales de pequeña y mediana minería y de materiales de construcción, quienes son vitales para el progreso de la región. “El Paisaje Cultural Cafetero no es de unos cuantos, es un patrimonio de todos los colombianos y es nuestro deber garantizar su protección.
No desconocemos que hay unos pocos municipios que dependen de la actividad minera, por eso es necesario regular la práctica de esta actividad en el territorio y restringir la minería a gran escala que pueda traer consigo efectos negativos para las características naturales, paisajísticas y arquitectónicas que han hecho del Paisaje Cultural Cafetero una potencia de turismo y crecimiento económico para el país”, finalizó el Parlamentario Alejandro García.
