El Congreso de la República aprobó la ley que reconoce el desplazamiento forzado interno por causas asociadas al cambio climático, la degradación ambiental y los desastres naturales, convirtiendo a Colombia en el primer país de América Latina en otorgar un reconocimiento jurídico explícito a esta realidad.
Con esta aprobación, las personas afectadas por inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas, sequías y otros eventos climáticos extremos dejarán de ser consideradas únicamente como damnificados temporales y pasarán a ser reconocidas como víctimas con derechos, que requieren atención integral, continua y preventiva por parte del Estado.
El trámite legislativo del proyecto incluyó la aprobación en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde obtuvo 28 votos favorables, y posteriormente superó las distintas etapas hasta su aprobación final. El Proyecto de Ley 425 de 2025 Cámara – 015 de 2024 Senado, contó con la ponencia de algunos representantes, entre ellos, Juan Camilo Londoño Barrera, del Partido Alianza Verde, quien hizo parte de la consolidación de el texto y defendio su alcance durante el trámite en Cámara.
La nueva ley establece la creación del Registro Único de Desplazamiento Ambiental, como base para la formulación de una política pública integral que garantice derechos fundamentales como vivienda, alimentación, acceso a servicios básicos y acompañamiento institucional, así como medidas de prevención frente a futuros desplazamientos.
Durante el debate legislativo se subrayó la importancia de diferenciar el desplazamiento ambiental del desplazamiento asociado al conflicto armado, sin que ello implique menor protección. Asimismo, se propuso que la expedición del certificado de reconocimiento cuente con la participación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, con el fin de garantizar rigor técnico, transparencia y enfoque territorial.
La aprobación de esta ley responde a una realidad creciente en el país. Se estima que más de 351.000 personas han sido desplazadas por fenómenos climáticos en Colombia, lo que representa un incremento del 25 % frente a 2022. Departamentos como La Guajira, Chocó, Bolívar y Arauca registran los mayores niveles de afectación.
Este avance legislativo se enmarca además en las alertas internacionales sobre el impacto del cambio climático en la movilidad humana. Proyecciones del Banco Mundial advierten que para 2050 hasta 126 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse por causas ambientales, lo que refuerza la necesidad de que los Estados adopten medidas anticipadas, marcos normativos claros y mecanismos de protección eficaces.
Desde el Congreso de la República, los ponentes destacaron que esta ley representa un paso decisivo hacia una política ambiental con enfoque humano, justicia social y responsabilidad intergeneracional, alineando la respuesta institucional del país con los desafíos actuales y futuros, de la crisis climática.
