El Presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, y la representante por Bogotá, Cathy Juvinao, lideraron este jueves la instalación de la Comisión Accidental Anticorrupción y de Integridad Pública con el objetivo de poner la lupa sobre escándalos de corrupción y hacerle seguimiento a proyectos de ley enfocados en la transparencia.
Fue instalada la Comisión Accidental Anticorrupción y de Integridad Pública de la Cámara de Representantes, designada por la resolución 0027 del 13 de febrero de 2023, cuyas funciones son articular e impulsar una agenda legislativa orientada a la lucha contra la corrupción y la materialización de los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación. Además, realizar recomendaciones y propuestas a las comisiones y plenarias de los proyectos anticorrupción que se encuentren en curso en el Congreso de la República.
Racero y Juvinao, coordinadores de la Comisión, anunciaron que harán control político por casos de corrupción que involucren recursos públicos y resaltaron que desde allí también promoverán la generación de espacios de reflexión y discusión con la academia, centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil. “Yo no quisiera que esta Comisión Accidental quede como una de papel. Esta debe tener un alcance de acción, articulación, investigación, información y trabajo colectivo de los 24 congresistas de todos los partidos que componen la Comisión” afirmó el presidente David Racero en la instalación.
Así mismo, la representante Juvinao insistió en que “desde la Comisión promoveremos iniciativas legislativas como la regulación del cabildeo, el fortalecimiento de la rendición de cuentas de congresistas y la protección a denunciantes de corrupción en Colombia.
La Cámara tiene que hacerle veeduría a que los recursos públicos, que pagan los ciudadanos con sus impuestos, se estén ejecutando bien” Durante la jornada, se llevó a cabo una mesa técnica para analizar el Plan Nacional de Desarrollo en torno a la inclusión de medidas de lucha contra la corrupción bajo un enfoque sistémico, integral y transversal con expertos y académicos como Gerardo Hernández (director de Transparencia Por Colombia), Adriana Romero (directora de estudios y política pública del Instituto Anticorrupción), Camilo González (profesor de UniAndes) y en representación del Gobierno Nacional, Gerardo Hernández, secretario de Transparencia.
