La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, denunció que el registrador nacional, Alexander Vega, ha estado impulsando 2 cuantiosos contratos de cara a las elecciones locales de 2023. El primero, por cerca de 206 mil millones de pesos; el segundo, por casi 93 mil millones. Los requisitos exigidos a las empresas son excesivamente específicos y limitarían la pluralidad de oferentes.
Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2022. Luego de que la representante la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, denunciara que el registrador Alexander Vega habría falsificado parte de su experiencia laboral con empresas familiares, reveló que la Registraduría se prepara para entregar dos multimillonarios contratos de cara a las elecciones de 2023, con deficientes estudios previos, precios exorbitantes y requisitos que podrían estar dirigidos a beneficiar algunas empresas particulares.
El primer proceso contractual, que inició el pasado 23 de noviembre y se firmaría el 23 de diciembre por un valor de $205.923.159.013, tiene por objeto implementar un sistema tecnológico para adelantar el proceso de inscripción de ciudadanos y el registro virtual de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités independientes de voto en blanco para las elecciones territoriales de 2023.
En dicho contrato se encontraron varias irregularidades. La primera es que en 2018, antes de que llegara Vega a la Registraduría, se celebró un contrato con objeto similar para las elecciones 2019 por un valor de 65 mil millones. Al respecto, la congresista cuestiona el injustificado incremento: “¿Cómo es que el contrato que ahora se pretende celebrar tiene un aumento en su valor de casi 140 mil millones de pesos? La única diferencia con el contrato de hace 4 años es que en la plataforma a contratar ya no solo se inscribirán ciudadanos sino también movimientos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités de voto en blanco.
¿Eso implica 140 mil millones de pesos más?”, preguntó Juvinao. Además, la representante exigió que la Registraduría le explique al país por qué en los pliegos no se discriminan los valores de cada ítem del contrato, cosa que sí se hizo en el contrato del año 2018 y en el que se detalló expresamente cuánto costaba cada requerimiento y por qué. “Aquí tenemos un contrato de 206 mil millones a la ciega”, afirmó.
De igual manera, al revisar los requisitos exigidos en los pliegos pueden encontrarse varias medidas encaminadas a lesionar la pluralidad de oferentes, es decir, a evitar que el mayor número de empresas puedan competir para ser adjudicatarias del contrato. Por ejemplo, una de las condiciones establecidas consiste en que los interesados certifiquen haber tenido 4 contratos que sumen el valor de $205 mil millones.
El segundo contrato que pretende celebrar el registrador en plena Navidad es un proceso que inició el pasado 1 de diciembre y que se firmaría el 26 de diciembre. Asciende a $92.582.021.817 y busca implementar un sistema de ciberseguridad para la infraestructura tecnológica de la Organización Electoral. Si bien se entiende como un instrumento necesario para evitar ataques informáticos, los cerca de 93 mil millones del valor del contrato son ampliamente superiores en comparación con otros sistemas usados por entidades públicas que manejan información sensible, como es el caso de la Dirección de Inteligencia Policial, que
destina $4.300 millones, o la DIAN, que invierte cerca de 68 mil millones.
Juvinao advierte que con este contrato también persiste la presencia de disposiciones que podrían limitar de forma excesiva la participación en beneficio de algunos contratistas: se otorga mayor puntaje a la empresa que en los últimos cuatro años haya celebrado contratos de operación del Servicio de un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad – CSIRT en Colombia, durante al menos 3 años y para mínimo 25 entidades privadas o públicas. Además, se exige que quienes participen certifiquen que han prestado servicios de ciberseguridad en
procesos electorales en el último año, por un valor igual o superior a 37 mil millones de pesos.
“Estos requisitos habilitantes son excesivos; todo parece hecho a la medida para que los contratos se adjudiquen con nombre propio. Alexander Vega quiere aprovechar la Navidad para firmar estas multimillonarias contrataciones en medio de una opacidad y con la gente mirando para otro lado. Exigimos claridad a la Registraduría, haremos control estricto a estos procesos e insistimos en la necesaria renuncia del registrador”, concluyó Juvinao, mientras invitó a los entes de control y a los medios de comunicación a hacer el seguimiento riguroso a estos procesos.
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