El representante a la Cámara, León Fredy Muñoz, nuevo vocero de la Alianza Verde, en esta corporación, pidió hoy la renuncia de la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, tras el escándalo que ha generado el anticipo de 70 mil millones de pesos al cuestionado consorcio, Unión Temporal Centros Poblados, para instalar centros digitales en zonas rurales más apartadas del país, quienes falsificaron tres pólizas para poder hacer el contrato.
El Congresista también solicitó a los órganos de control se adelante las respectivas investigaciones, ya que alrededor de esta contratación hay serios indicios de corrupción, que pueden llevar a que se pierda esta importante suma de recursos de la nación, que se podrían invertir en un básico de internet para la gente más necesitada del país, tal como lo ha venido solicitando el representante Muñoz en las diferentes iniciativas que ha venido presentando en el Congreso de la República. Así mismo pidió la realización de un debate de control político en la Comisión Sexta, para que se trate este tema específico.
“Esto es un robo, no es otra cosa, es un robo de más de 70 mil millones de pesos, solicitamos inmediatamente la renuncia a la Ministra de las Telecomunicaciones y también solicitamos a los entes de control investigar, Acá hay cosas muy graves, La Unión Temporal Centros Poblados, tiene cuatro empresas, y todas tienen investigaciones”, advirtió el vocero de la Alianza Verde en la Cámara de Representantes.
Dentro de la argumentación que presentó el representante Muñoz, indicó que este consorcio que ganó la licitación para la construcción de centros digitales por valor de $1,1 billones de pesos, se encuentra conformada por 4 empresas: Novotic, Intec de la Costa, Omega Buildings e ICM Ingenieros; las primeras tres, son empresas con domicilio en Barranquilla. Novotic, la única que demostró experiencia en el sector, lo hizo mostrando contratos con la gobernación de La Guajira y la gobernación del Magdalena para llevar conectividad e internet a colegios de estos departamentos, los cuales han sido señalados por la Contraloría por presentarse múltiples irregularidades que llevaron a que las gobernaciones pagaran un 80% de más frente al valor inicial de los contratos, calculado en más de $22 mil millones de pesos. Intec de la Costa ha sido señalada por entregar de manera ilegal una licitación en Bolívar a una persona natural, por lo cual recibieron $954 millones de pesos. Por su parte, ICM Ingenieros es una empresa que estuvo involucrada en el carrusel de la contratación en Bogotá, siendo acusado el exgobernador Álvaro Cruz de Cundinamarca, mientras fue socio de la empresa, pagar $900 millones para ganar una licitación en Bogotá.
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