Con esta Ley, Colombia legisla para proteger el flujo de caja y la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, que representan más del 96% del tejido empresarial, aportan el 40% del PIB general de la Nación, y generan 8 de cada 10 empleos nuevos.
Con la sanción presidencial de la ley de Pago A Plazos Justos, hoy se envía un mensaje de solidaridad y justicia a los miles de emprendedores y empresarios MiPymes del país que con esta ley recibirán los pagos de sus facturas en 60 días calendario a partir del 1 de enero del 2021 y a partir del 1 de enero del 2022 el plazo máximo será de 45 días.
Esta Ley, de autoría del Representante a la Cámara por el Partido Verde, Mauricio Toro Orjuela, representó una lucha de casi 2 años, a la que se sumaron más de 20 gremios del país, miles de empresarios, ciudadanos, líderes de opinión y medios de comunicación.
Durante el tiempo que duró su trámite y aprobación se posicionó como uno de los debates más amplios y polémicos del país en los últimos meses, pues muchos actores del Gobierno Nacional se opusieron, así como la ANDI y Fenalco, desconociendo que el fenómeno de pago a plazos extensos tuviera al borde de la quiebra a miles de Mipymes, que tienen que endeudarse para financiar a las grandes empresas.
Para su autor, el Representante Toro: “Hoy es un día histórico para Colombia, después de casi 2 años de lucha, hemos logrado que se haga justicia con las miles de micro, pequeñas y medianas empresas del país. Con la ley de Pago a Plazos Justos tendrán el flujo de capital adecuado, para que puedan invertir en innovación para su desarrollo, superar los retos que nos impone la crisis económica del Covid-19 y mantener el empleo que generan. También nuestras empresas serán más competitivas y productivas, incidiendo incluso en el precio final del consumidor porque si no se tienen que endeudar más con un banco, se podría trasladar el precio al consumidor final reducciones importantes en los precios de bienes y servicios”.
Uno de los principales triunfos que se logró, fue la no inclusión dentro del articulado del proyecto el “acuerdo entre privados” que venía promoviendo la ANDI con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, lo que significa que las grandes empresas no podrán imponer periodos de pago diferentes a las que contempla esta ley, eliminando así la posibilidad de que ejerzan su posición dominante sobre las empresas más pequeñas.
Otros puntos importantes contenidos dentro de la Ley son:
1. Los contratos entre grandes empresas son los únicos exceptuados, y solamente entre ellas podrán fijar plazos distintos.
2. Los trámites de actas de aprobación, aceptación o rechazo de factura, entre otros, deberán surtirse todos dentro del plazo máximo fijado en la ley.
3. No se permitirán los acuerdos que pretendan pactar plazos diferentes a los establecidos por la ley.
4. A las empresas que incumplan con los plazos establecidos en la ley se les impondrán sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, protegiendo la libre competencia.
5. El Estado también estará obligado a pagar sus facturas a 60 días.
6. Las empresas enmarcadas en el sistema general de salud, deberán pagar sus facturas a 60 días a partir del 2023.
