Bogotá, 27 de marzo de 2026
La Comisión Tercera del Senado aprobó dos proyectos de ley que marcan avances significativos en vivienda y ordenamiento territorial, reforzados con proposiciones de autoría de la senadora Carolina Espitia.
El primero de los proyectos aprobados establece un mecanismo excepcional, por una única vez, para la legalización de asentamientos informales en el país. Esta medida busca brindar soluciones reales a miles de familias que hoy habitan en condiciones de informalidad, permitiéndoles acceder a vivienda digna, servicios públicos básicos y seguridad jurídica sobre sus predios.
La proposición presentada fortalece el alcance del proyecto al introducir criterios de implementación responsables, acordes con las capacidades institucionales y financieras de los municipios. Asimismo, garantiza el respeto por la autonomía territorial, reconociendo el papel fundamental de alcaldes y alcaldesas en la toma de decisiones sobre el desarrollo de sus territorios.
Este avance representa no solo una respuesta a una deuda histórica con comunidades vulnerables, sino también una apuesta por un desarrollo urbano más ordenado, inclusivo y sostenible.
El segundo proyecto aprobado está enfocado en el aprovechamiento de bienes no reclamados para fortalecer el sistema de justicia en Colombia. Esta iniciativa permitirá que estos recursos contribuyan a mejorar la capacidad institucional y operativa del sistema judicial, impactando positivamente en el acceso y la eficiencia de la justicia.
La proposición impulsada introduce dos elementos clave: la ampliación del plazo de prescripción a 15 años y la incorporación de garantías explícitas para la protección del debido proceso y el derecho a la propiedad. Con ello, se busca equilibrar el uso eficiente de los bienes con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, brindando mayor seguridad jurídica.
Con la aprobación de estos proyectos, se reafirma el compromiso de impulsar reformas que no solo respondan a problemáticas estructurales del país, sino que lo hagan con criterios de responsabilidad institucional, respeto por los territorios y garantía de derechos.
