El Representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García Ríos, radicó ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación una denuncia formal solicitando que se abra investigación fiscal, disciplinaria y penal por presuntas irregularidades en la concesión del alumbrado público de Pereira, un contrato de $84.496 millones suscrito entre el Municipio y la Unión Temporal Ilumina Pereira.
Según la denuncia, el Municipio modificó las condiciones originales del proceso de selección después de adjudicado, permitiendo el uso de más de $31.816 millones recaudados del impuesto de alumbrado público —antes de la firma del contrato— para financiar actividades ornamentales y navideñas, a pesar de que dichos recursos tenían una destinación específica: la modernización tecnológica y la telegestión del sistema de iluminación.
“El municipio cambió las reglas de juego tras adjudicar la concesión, redirigiendo recursos que debían usarse para modernizar el sistema hacia fines temporales. Esto podría configurar una alteración contractual en beneficio del concesionario”, explicó García.
El representante advirtió que esta situación viola el principio de intangibilidad de los pliegos, establecido en la Ley 80 de 1993, además de afectar los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva. Recordó que los recursos recaudados con anterioridad al contrato no podían ser transferidos al concesionario como si fueran excedentes, sin una autorización expresa, justificada con estudios previos y debidamente documentada en el modelo financiero.
De acuerdo con la información recabada en el SECOP II y documentos de la Secretaría de Infraestructura de Pereira, en febrero de 2025 los pliegos establecían que los excedentes se destinarían a modernización y tecnología. Sin embargo, en septiembre de 2025, mediante un acuerdo bilateral, el municipio trasladó esos recursos a la cuenta del contrato para financiar la iluminación navideña y ornamental, una decisión adoptada después de cerrada la licitación.
El gasto en luces navideñas se disparó: pasó de $4.955 millones en 2024 a $11.828 millones en 2025, casi el triple, pese a que el contrato de concesión ya incluía la obligación de cubrir este servicio. “En la práctica, Pereira estaría pagando carísimo y dos veces por el mismo servicio”, afirmó el congresista.
García también recordó que, según el Decreto 943 de 2018 del Ministerio de Minas y Energía, la iluminación navideña no constituye un servicio público esencial, por lo que no puede financiarse con recursos del impuesto de alumbrado público, que deben destinarse exclusivamente a la operación, mantenimiento y expansión del sistema regular.
Finalmente, García insistió en que el contrato de alumbrado público de Pereira podría representar “uno de los casos más graves de ineficiencia y posible desviación de recursos públicos en la ciudad”.
“Pereira necesita transparencia, no más sombras sobre el uso de sus recursos públicos. Si teníamos más del 30% del dinero ahorrado, no hay justificación para comprometer la renta del alumbrado por 25 años. Esto puede ser peor que la Av. de los Colibríes: un ejemplo de cómo los proyectos públicos terminan sirviendo más a intereses privados que al bienestar ciudadano”, concluyó el representante.
