Así lo reveló Andrés Onzaga Concejal electo quien explicó que según información suministrada por la RED de operadores del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, desde el pasado primero de noviembre, más de 700 niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años con discapacidad fueron desvinculados de los programas de cuidado y protección del ICBF. Para el caso de Bogotá la lista de espera para un cupo en centro de Integración Social es superior a las 200 personas aproximadamente.
El concejal electo Andrés Onzaga denunció que según información suministrada por la RED de operadores del ICBF, más de 700 niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años con discapacidad severa a nivel nacional, fueron desvinculados de los programas de cuidado y protección del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, ICBF.
El Concejal del Partido Alianza Verde, señaló que el ICBF cerró el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, PARD, razón por la cual desde el pasado primero de noviembre esta población con discapacidad ya no tiene acceso a servicios de atención integral como por ejemplo alimentación, atención psicosocial y cuidado permanente.
Según explicó el concejal esto se debe a que la Ley 1878 de 2018 modificó el código de Infancia y Adolescencia, y ordena que el Defensor de Familia de por terminada la atención administrativa, independientemente si los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años con discapacidad tengan o no garantizados o restablecidos su atención; dado que como dice la Ley “en ningún caso el proceso administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento podrá exceder los 18 meses, contados a partir del conocimiento de los hechos por parte de la autoridad administrativa hasta la declaratoria de adoptabilidad o el reintegro a su medio familiar”
El común denominador de estos casos gira en torno al cierre de procesos administrativos de restablecimiento de derechos al cumplir la mayoría de edad y en menores de 6 años que estén en “modalidad de externado”; lo que da origen a una inobservancia y exclusión de derechos constitucionales e internacionales como lo son el derecho a la salud, educación inclusiva, atención integral y al mínimo vital.
“El ICBF dejó a la deriva a esta población, ya que ni siquiera creó una ruta de atención que oriente y de tiempo a los cuidadores para organizar y solicitar apoyo en entidades distritales, y así garantizar una debida transición y la NO vulneración de sus derechos”, aseguró el cabildante Onzaga.
Adicionalmente, el Concejal manifestó que entidades distritales como la Secretaría de Integración Social, para el caso de Bogotá, aseguran no contar con cupos para atender la demanda de esta población. Según información hay en lista de espera más de 200 personas con diagnósticos de discapacidad severa, condición que requiere el cuidado permanente.
Para el cabildante “es preocupante que niños, niña, adolescentes y mayores de 18 años con discapacidad, estén fuera de los programas del ICBF, el Estado debe garantizar que sus derechos no se vulneren”.
Finalmente, el concejal Onzaga instó al ICBF para que en sus programas de protección responda a las necesidades de esta población, garantizando su atención y no retroceso en las habilidades logradas. De igual manera llamó la atención para lograr políticas y procesos que disminuyan las situaciones de vulnerabilidad, exclusión e indiferencia a la que es sometida esta población. “Hagamos fácil lo que ya es difícil para ellos, y contribuyamos a mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias”.
Los principales diagnósticos que presentan los niños, niñas y jóvenes afectados son: epilepsia con retardo en el desarrollo e hipotiroidismo, discapacidad motora sensorial, hipoacusia neurosensorial con parálisis cerebral, retraso psicomotor, problemas de aprendizaje profunda, discapacidad mental cognitiva parcial y absoluta, parálisis cerebral severa, con cuadriparesia espática, síndrome de Down, síndrome convulsivo asociado a hiperactividad y autismo con retraso mental.