Uso de celulares en colegios

Representante a la Cámara impulsa proyecto para regular el uso de celulares en colegios

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Bogotá, 31 de marzo de 2026

La representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez radicó un proyecto de ley que busca regular el uso de dispositivos móviles en menores de 16 años dentro de las instituciones educativas en Colombia.

La iniciativa surge como respuesta a una preocupación creciente: el aumento del uso excesivo de pantallas en niños, niñas y adolescentes, y su posible impacto en la salud mental, el desarrollo social y el aprendizaje.

El proyecto no busca prohibir la tecnología, sino promover un uso responsable y equilibrado. Entre sus principales medidas están:

  • Establecer restricciones al uso de celulares durante la jornada escolar.
  • Limitar su uso en espacios como clases, bibliotecas y evaluaciones.
  • Permitir su utilización con fines pedagógicos, cuando sea necesario.
  • Fomentar hábitos digitales saludables desde las instituciones educativas.

Además, la propuesta plantea un rol activo del Estado en el seguimiento y promoción de buenas prácticas en el uso de la tecnología.

Este proyecto abre la discusión sobre un fenómeno cada vez más visible: la llamada “adicción digital” en menores de edad, que ha generado preocupación entre padres, docentes y expertos.

Desde distintos sectores coinciden en que el enfoque no debe ser la prohibición, sino la regulación inteligente, que permita aprovechar los beneficios de la tecnología sin afectar el bienestar de los estudiantes.

Con esta iniciativa, se busca avanzar hacia entornos educativos donde el aprendizaje, la concentración y la interacción social vuelvan a ser protagonistas.


“El reto no es alejar a los niños de la tecnología, sino enseñarles a usarla mejor”, Olga Lucía Vásquez. 

 

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Colombia da un paso decisivo para saldar una deuda histórica con la educación pública

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 El representante Jaime Rúl Salamanca, del Partido Alianza Verde, asume la responsabilidad de haber sido designado como coordinador ponente del proyecto de ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, una reforma esperada por la comunidad educativa en todo el país.

 
El representante Jaime Rúl Salamanca, del Partido Alianza Verde, asume la responsabilidad de haber sido designado como coordinador ponente del proyecto de ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, una reforma esperada por la comunidad educativa en todo el país.
 

Después de más de 30 años de espera, avanzamos hacia un nuevo modelo de financiamiento que garantice una educación superior pública digna, sostenible y transformadora.

“Este proyecto no es técnico ni frío. Es profundamente humano. Reconoce que la educación no puede seguir dependiendo de ajustes atados a la inflación y propone un modelo que crezca cada año según los verdaderos costos de la educación, con medidas contracíclicas que protejan su sostenibilidad”, afirmó Salamanca.

La iniciativa también incluye, por primera vez, a las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias públicas (ITTU), muchas de las cuales han sido históricamente excluidas del Presupuesto General de la Nación.

“Llevo más de dos décadas luchando por una educación digna. Primero desde el movimiento estudiantil, hoy desde el Congreso. Esta ha sido una de nuestras grandes banderas, porque estoy convencido de que la educación es el camino para cambiar a Colombia”, señaló el representante. 

Hoy más que nunca, la educación debe estar en el centro de la conversación nacional, no como un gasto, sino como la inversión más poderosa que un país puede hacer. “Como Coordinador Ponente, defenderemos este proyecto en la Cámara con la misma convicción con la que hemos luchado durante años. Porque la educación no puede esperar más”, concluyó.

“Vamos a dejarlo todo para que esta reforma se convierta en ley de la República. Porque cuando la educación avanza, avanza el país.”
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Diputada Rosita Jiménez exige respuestas sobre el abandono de las obras viales en la Sierra Nevada de Santa Marta

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La diputada Rosita Jiménez lideró el debate de control político en la Asamblea Departamental del Magdalena, para exigir explicaciones sobre el estado crítico de las obras de placa huella en los corregimientos de Central Córdoba, La Aguacatera y Palmor.

 

El proyecto, amparado bajo la Licitación Pública LP-019-2022 y el Contrato de Obra CO-0501-2023, tiene un valor superior a $11.385 millones de pesos y contempla la construcción de 8,9 kilómetros de vía rural. Sin embargo, según los reportes de la Secretaría de Infraestructura Departamental, el avance físico actual apenas alcanza el 8%, y no se registra ningún avance financiero, lo que evidencia un grave incumplimiento contractual y operativo.

Durante su intervención, la diputada Jiménez denunció las reiteradas suspensiones, modificaciones contractuales y la cesión del contrato en agosto de 2024 —del Consorcio Huellas Tayrona al Consorcio Vías del Magdalena— sin la debida publicación de soportes en la plataforma SECOP II, lo que constituye una clara falta de transparencia administrativa.

“La Sierra Nevada de Santa Marta no puede seguir siendo una víctima del abandono institucional. Las comunidades campesinas e indígenas necesitan vías dignas para sacar sus productos, acceder a la salud y la educación. No podemos permitir que un contrato millonario se pierda entre prórrogas y negligencias”, expresó la diputada Jiménez.

Además, la diputada recordó que esta situación no es un caso aislado, sino parte de una problemática estructural que por años ha afectado a los territorios rurales de la Sierra Nevada. En diferentes espacios de control político, Jiménez  ha visibilizado la crisis vial, educativa, sanitaria y ambiental que padecen las comunidades campesinas, documentadas en los pliegos de peticiones sociales y en los informes presentados ante la Asamblea.

“Las comunidades de la Sierra han sido pacientes, resilientes y organizadas. Pero su paciencia tiene límites. Hoy exigimos una acción institucional seria, coordinada y con enfoque territorial que garantice el cumplimiento de los compromisos y la ejecución de las obras prometidas”, enfatizó.

El debate permitió evidenciar la urgente necesidad de una intervención integral del Gobierno Departamental y los entes de control para garantizar la ejecución efectiva de los recursos públicos, la reactivación de las obras viales y la implementación de políticas diferenciales que atiendan el rezago histórico de la Sierra Nevada.