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“Cada hora, cuatro mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar en Bogotá”: Concejala María Clara Name

 

El pasado 20 de agosto, se llevó a cabo el debate en la Comisión Legal para la Mujer del Cabildo Distrital, frente a los alarmantes incrementos en los índices de violencia intrafamiliar, sexual, y homicidios contra las mujeres en Bogotá.

“Las condiciones de desigualdad, discriminación y violencia por razones de género han recrudecido durante los últimos años. Es alarmante que la Policía de Bogotá señala que, entre enero y junio del 2025, se han presentado más de 17.000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, lo que representa un aumento del 28% en comparación con el mismo periodo del 2024. En promedio, cada hora 4 mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar”, afirmó Name.

Además, en lo que va del año, se han registrado 3.081 casos de delitos sexuales contra mujeres, de los cuales el 30% involucran a menores de 14 años. También aumentaron los casos de lesiones personales, con un incremento del 8% respecto al año pasado, pasando de 3.630 a 3.921 denuncias. Por otro lado, los homicidios intencionales contra mujeres han aumentado en un 28%, de 46 a 59 casos entre los primeros seis meses de 2024 y 2025.

La concejala María Clara Name destacó la creciente preocupación por los informes sobre riesgo de feminicidio. Según la Secretaría Distrital de la Mujer, se han registrado 1.294 valoraciones de riesgo, de las cuales el 46% son consideradas de nivel de riesgo extremo, con 597 casos, y el 26% de riesgo moderado, con 331 reportes. Las localidades más afectadas por este fenómeno son Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.

“Las mujeres y las niñas bogotanas nos necesitan más que nunca. El 56% de las valoraciones por riesgo de feminicidio se concentran en mujeres entre 20 y 34 años. En los primeros 6 meses de 2025, se notificaron 10 feminicidios en Usaquén, San Cristóbal, Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa. Es urgente que la Secretaría de la Mujer implemente estrategias más eficaces para contrarrestar la violencia, especialmente en este rango de edad. Necesitamos respuestas concretas: ¿Qué está pasando? ¿Qué se debe fortalecer en estas localidades? ¿Cómo está funcionando la atención en las Casas Refugio para mujeres?”, planteó la concejala.

Además, Name mencionó las deficiencias en los programas de apoyo a las víctimas, como las Casas Refugio y el canal de WhatsApp de la Línea Púrpura, que, según han denunciado las beneficiarias y evidenciado los informes de la Contraloría de Bogotá, presentan importantes fallas en la atención. Los tiempos de respuesta a través de la línea digital son excesivos, con un promedio de espera entre 1 hora 24 minutos y 1 hora 59 minutos, muy por encima de los 10 minutos recomendados por ONU Mujeres y Fundación Telefónica en 2018. Además, sólo entre el 2,27% y el 2,93% de los contactos entrantes reciben atención profesional.

“Este contexto nos obliga a hacer un ejercicio de monitoreo y control frente al cumplimiento y efectividad del programa ‘Cero tolerancia’ a las violencias contra las mujeres y violencias basadas en género. Es fundamental replantear sus actividades y reforzar las acciones de prevención, protección y justicia efectiva para las víctimas. Garantizar una vida libre de violencia requiere mucho más que reaccionar ante el daño; exige una transformación de los imaginarios que normalizan la agresión y la construcción de instituciones que protejan, reparen y eviten la revictimización”, concluyó la concejala
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Avanza proyecto que busca eliminar el pico y placa para vehículos que transportan personas con discapacidad


 

 

La iniciativa, liderada por la senadora Carolina Espitia y con ponencia del Representante Jaime Raúl Salamanca, fue aprobada en tercer debate en la Cámara de Representantes.

En la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes fue aprobado en tercer debate el proyecto de ley que busca garantizar la exención de pico y placa en todo el país para los vehículos que transportan personas con discapacidad.

La iniciativa, impulsada por la senadora Carolina Espitia y con el acompañamiento del representante Jaime Raúl Salamanca como coautor y ponente, tiene como objetivo eliminar barreras en la movilidad y avanzar hacia un país más incluyente.

De acuerdo con la congresista, esta propuesta responde a una necesidad urgente de equidad, al evitar que el acceso a la movilidad dependa de la ciudad donde esté matriculado el vehículo.

“El derecho a movilizarse sin obstáculos no puede estar condicionado por el territorio. Esta iniciativa elimina barreras injustas y pone en el centro a las personas”, señalaron desde el equipo impulsor del proyecto.

Además, destacaron que esta medida mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, facilitando su acceso a servicios esenciales como salud, educación y trabajo.

El proyecto continuará su trámite en el Congreso de la República, donde se espera que reciba el respaldo necesario para convertirse en ley.

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Colombia da un paso decisivo para saldar una deuda histórica con la educación pública


 El representante Jaime Rúl Salamanca, del Partido Alianza Verde, asume la responsabilidad de haber sido designado como coordinador ponente del proyecto de ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, una reforma esperada por la comunidad educativa en todo el país.

 
El representante Jaime Rúl Salamanca, del Partido Alianza Verde, asume la responsabilidad de haber sido designado como coordinador ponente del proyecto de ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, una reforma esperada por la comunidad educativa en todo el país.
 

Después de más de 30 años de espera, avanzamos hacia un nuevo modelo de financiamiento que garantice una educación superior pública digna, sostenible y transformadora.

“Este proyecto no es técnico ni frío. Es profundamente humano. Reconoce que la educación no puede seguir dependiendo de ajustes atados a la inflación y propone un modelo que crezca cada año según los verdaderos costos de la educación, con medidas contracíclicas que protejan su sostenibilidad”, afirmó Salamanca.

La iniciativa también incluye, por primera vez, a las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias públicas (ITTU), muchas de las cuales han sido históricamente excluidas del Presupuesto General de la Nación.

“Llevo más de dos décadas luchando por una educación digna. Primero desde el movimiento estudiantil, hoy desde el Congreso. Esta ha sido una de nuestras grandes banderas, porque estoy convencido de que la educación es el camino para cambiar a Colombia”, señaló el representante. 

Hoy más que nunca, la educación debe estar en el centro de la conversación nacional, no como un gasto, sino como la inversión más poderosa que un país puede hacer. “Como Coordinador Ponente, defenderemos este proyecto en la Cámara con la misma convicción con la que hemos luchado durante años. Porque la educación no puede esperar más”, concluyó.

“Vamos a dejarlo todo para que esta reforma se convierta en ley de la República. Porque cuando la educación avanza, avanza el país.”
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Diputada Rosita Jiménez exige respuestas sobre el abandono de las obras viales en la Sierra Nevada de Santa Marta


 

La diputada Rosita Jiménez lideró el debate de control político en la Asamblea Departamental del Magdalena, para exigir explicaciones sobre el estado crítico de las obras de placa huella en los corregimientos de Central Córdoba, La Aguacatera y Palmor.

 

El proyecto, amparado bajo la Licitación Pública LP-019-2022 y el Contrato de Obra CO-0501-2023, tiene un valor superior a $11.385 millones de pesos y contempla la construcción de 8,9 kilómetros de vía rural. Sin embargo, según los reportes de la Secretaría de Infraestructura Departamental, el avance físico actual apenas alcanza el 8%, y no se registra ningún avance financiero, lo que evidencia un grave incumplimiento contractual y operativo.

Durante su intervención, la diputada Jiménez denunció las reiteradas suspensiones, modificaciones contractuales y la cesión del contrato en agosto de 2024 —del Consorcio Huellas Tayrona al Consorcio Vías del Magdalena— sin la debida publicación de soportes en la plataforma SECOP II, lo que constituye una clara falta de transparencia administrativa.

“La Sierra Nevada de Santa Marta no puede seguir siendo una víctima del abandono institucional. Las comunidades campesinas e indígenas necesitan vías dignas para sacar sus productos, acceder a la salud y la educación. No podemos permitir que un contrato millonario se pierda entre prórrogas y negligencias”, expresó la diputada Jiménez.

Además, la diputada recordó que esta situación no es un caso aislado, sino parte de una problemática estructural que por años ha afectado a los territorios rurales de la Sierra Nevada. En diferentes espacios de control político, Jiménez  ha visibilizado la crisis vial, educativa, sanitaria y ambiental que padecen las comunidades campesinas, documentadas en los pliegos de peticiones sociales y en los informes presentados ante la Asamblea.

“Las comunidades de la Sierra han sido pacientes, resilientes y organizadas. Pero su paciencia tiene límites. Hoy exigimos una acción institucional seria, coordinada y con enfoque territorial que garantice el cumplimiento de los compromisos y la ejecución de las obras prometidas”, enfatizó.

El debate permitió evidenciar la urgente necesidad de una intervención integral del Gobierno Departamental y los entes de control para garantizar la ejecución efectiva de los recursos públicos, la reactivación de las obras viales y la implementación de políticas diferenciales que atiendan el rezago histórico de la Sierra Nevada.
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El Partido Alianza Verde crea comisión para definir líneas programáticas de cara a eventual respaldo presidencial a la candidatura de Iván Cepeda


 

La Dirección Nacional del Partido Alianza Verde informa a la opinión pública que, en el marco de la actual coyuntura política y de cara a las próximas elecciones presidenciales, ha decidido conformar una comisión encargada de construir un acuerdo programático con la campaña presidencial de Iván Cepeda Castro.

Dicho acuerdo implica que se reconozcan las propuestas y prioridades del Partido Alianza Verde en el programa de gobierno de la Alianza por la Vida, así como que la militancia del Partido alianza Verde se sume a la campaña presidencial de Cepeda y Quilcué, siempre y cuando se llegue a un acuerdo durante las sesiones que se desarrollen.

Este espacio permitirá avanzar en la consolidación de una agenda programática sólida, que garantice coherencia entre los principios del Partido y las propuestas del proyecto político que se evalúa respaldar, muestra del compromiso del Partido con una política basada en el rigor programático, el diálogo democrático y la construcción colectiva de propuestas que interpreten las necesidades del país.

Así mismo, es importante informar que durante la Dirección Nacional se votó de manera positiva el Inicio del proceso jurídico de escisión que solicitó el Senador Jonathan Pulido, en los términos establecidos por le artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 y el artículo 94 de los estatutos del Partido Alianza Verde.