Partido Alianza Verde fortalece su representación en el Congreso de la República con la designación de sus nuevas vocerías.
Congreso aprueba proyecto que fortalece los derechos laborales de funcionarios de la justicia
Bogotá, 18 de junio de 2026
La representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, coautora del Proyecto de Ley 521, celebró la aprobación en el Congreso de una iniciativa que reconoce la bonificación judicial como factor salarial para efectos prestacionales y beneficiará a cerca de 37.000 servidores judiciales en Colombia. La propuesta pasa ahora a sanción presidencial.
Durante la sesión de elección de la nueva mesa directiva, García Rubio obtuvo 15 votos a favor y un voto en blanco, consolidando un amplio respaldo de los integrantes de la Asamblea para asumir esta importante responsabilidad.
El diputado ejercerá la presidencia de la corporación a partir del próximo 1 de julio, fecha desde la cual tendrá a su cargo la conducción de las sesiones, la coordinación de la agenda legislativa y el liderazgo de las labores de control político que desarrolla la Asamblea en beneficio del departamento.
Esta elección representa un reconocimiento al trabajo que ha venido adelantando Julián David García Rubio en defensa de los intereses de los territorios, así como a su compromiso con el fortalecimiento de la participación ciudadana, la transparencia institucional y el desarrollo de Boyacá.
Desde el Partido Alianza Verde reiteramos nuestro respaldo a esta nueva responsabilidad y confiamos en que su gestión contribuirá al fortalecimiento del debate democrático y a la construcción de soluciones para los principales retos que enfrentan los municipios y comunidades boyacenses.
Representante Catherine Juvinao denuncia presunto “cartel de diplomas irregulares” en entidades del Gobierno
La representante a la Cámara Catherine Juvinao realizó una denuncia sobre lo que calificó como un “cartel de diplomas irregulares”, que involucraría a funcionarios y contratistas de múltiples entidades del Gobierno Nacional, titulados por la Universidad San José.
Durante la intervención de la congresista en la Plaza Núñez del Capitolio Nacional, señaló que, tras una investigación exhaustiva adelantada por su equipo, se identificaron al menos 24 casos de personas que habrían obtenido títulos técnicos y profesionales de manera irregular, incumpliendo requisitos legales obligatorios como la presentación previa de la prueba Saber Pro (o Saber TyT), condición indispensable según la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de 2009.
Según la denuncia, los 24 casos se dividen en dos grandes grupos:
- 6 personas que nunca presentaron la prueba Saber Pro, pero aun así recibieron su título profesional y fueron contratadas por entidades públicas entre 2023 y 2025.
- 18 personas que presentaron la prueba Saber Pro después de haberse graduado, lo cual invalida legalmente sus títulos.
Estas personas habrían sido contratadas en entidades como el SENA, la Unidad Nacional de Protección, el INVIMA, la DIAN, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, el DAPRE, la Aerocivil, entre otras, algunas de ellas incluso en cargos de libre nombramiento y remoción.
De acuerdo con la información presentada, los contratos y salarios asociados a estos 24 casos sumarían más de 1.100 millones de pesos, recursos que provendrían directamente de los impuestos de los colombianos. La representante advirtió que esto podría constituir un detrimento patrimonial, a diferencia del caso previamente conocido de Juliana Guerrero, donde la contratación logró evitarse.
La representante Juvinao cuestionó duramente la actuación del Ministerio de Educación Nacional, señalando que, mientras se intervienen universidades públicas de alta calidad, no se han tomado acciones contundentes frente a la Universidad San José, pese a las evidencias acumuladas.
En ese sentido, la congresista exigió:
- Investigación inmediata, exhaustiva y eficiente por parte del Ministerio de Educación y el ICFES.
- Intervención urgente de la Universidad San José, e incluso su eventual cierre, ante la gravedad y sistematicidad de los hechos denunciados.
- Acciones de control por parte de la Contraloría General de la Nación y demás entes competentes para establecer responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.
La congresista anunció además que, por ahora, se protegerá la identidad de las personas involucradas hasta que las entidades oficiales confirmen los hallazgos, momento en el cual se informará al país quiénes son y cuáles serían sus posibles conexiones políticas.
Finalmente, Catherine Juvinao advirtió que estos hechos representan una traición al mérito, a los jóvenes que estudian con esfuerzo, a quienes acceden a créditos educativos o becas, y a los profesionales que cumplen con la ley. Señaló que este presunto esquema afecta la confianza en el Estado y degrada los estándares éticos y académicos del servicio público.
“Estamos ante una estrategia sistemática y dolosa para expedir títulos a la medida del gobierno. Esto no solo es ilegal, es profundamente injusto con quienes sí estudiaron y cumplieron los requisitos”, afirmó.
Se aprueba en segundo debate el Proyecto de Ley Estatutaria de Amparo Alimentario, iniciativa de la senadora Angélica Lozano
El Senado de la República aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley Estatutaria de Cuota Alimentaria Ya, una iniciativa de la senadora Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde, que busca brindar una respuesta rápida, efectiva y garantista a miles de mujeres, cuidadores y menores afectados por el incumplimiento de las cuotas alimentarias en Colombia.
Este proyecto plantea la creación de un proceso único y especial, con un trámite similar al de la acción de tutela, que permitirá a los jueces actuar de manera inmediata en casos de mora. La nueva figura se activará cuando el deudor acumule tres o más cuotas impagas o cuando, sin existir una cuota fijada, evada totalmente su obligación. Con este mecanismo, los jueces podrán ordenar embargos y medidas cautelares desde el primer día, evitando las demoras actuales que pueden superar los 150 o incluso 480 días, tiempos que en la práctica afectan el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta incorpora un avance decisivo para la efectividad del control judicial: los jueces podrán consultar en tiempo real la capacidad económica del deudor a través de un registro consolidado por la DIAN y el MinTIC, que incluirá información proveniente de entidades financieras, el RUNT, la Registraduría Nacional, las superintendencias y otras fuentes oficiales. Este sistema cierra el paso a la ocultación de ingresos y fortalece la trazabilidad patrimonial para decidir con rigor.
El proyecto también introduce una transformación de fondo al reconocer el Trabajo de Cuidado como criterio obligatorio al fijar la cuota alimentaria, reivindicando el esfuerzo diario que madres y cuidadores realizan en la crianza y atención de los menores. Igualmente, habilita el sistema de pago por libranza, lo cual permitirá realizar descuentos directos del salario o de los ingresos del deudor, asegurando pagos oportunos y continuos al beneficiario.
La aprobación en el Senado constituye un paso fundamental para que esta iniciativa avance hacia su discusión en la Cámara de Representantes, donde deberá superar los dos debates restantes antes de convertirse en Ley. El Partido Alianza Verde reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres, los cuidadores y la niñez, y destaca el liderazgo de la senadora Angélica Lozano, quien ha impulsado esta reforma como una respuesta concreta frente al incumplimiento de responsabilidades parentales en el país.
“Este proyecto es una herramienta urgente para proteger a quienes hoy cargan solos con el cuidado y la manutención. No podemos seguir permitiendo que la justicia tarda meses o años mientras niñas y niños enfrentan necesidades básicas sin respuesta”, afirmó la senadora Angélica Lozano.
El Partido Alianza Verde celebra este avance legislativo y ratifica su compromiso con una agenda de justicia, equidad y corresponsabilidad, centrada en garantizar que ninguna niña o niño en Colombia vea vulnerados sus derechos.
Avanza en el Congreso reforma que amplía el control político a las Unidades Administrativas
El Senado de la República aprobó en segundo debate el Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2025, de coautoría de la senadora Carolina Espitia, el cual busca fortalecer los mecanismos de control político y moción de censura a las Unidades Administrativas Especiales.
La iniciativa amplía el alcance del control legislativo al incluir a los directores de estas entidades con personería jurídica dentro del grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que pueden ser citados por el Congreso para rendir cuentas sobre su gestión.
Con esta reforma, el Congreso tendrá la facultad de ejercer un control político más amplio sobre entidades que manejan funciones clave del Estado. Entre las entidades que quedarían sujetas a esta obligación se encuentran la Aeronáutica Civil, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre otras.
Durante el debate, la senadora Carolina Espitia presentó una proposición que fue aprobada, para excluir a la Fiscalía General de la Nación de la lista de entidades sujetas al control político. Según explicó, esta decisión “evita la politización de la justicia y preserva la independencia de la Rama Judicial”, en coherencia con los principios de separación de poderes y técnica legislativa.
El proyecto, que cuenta con respaldo multipartidista, continuará su trámite legislativo en el Congreso con el objetivo de convertirse en reforma constitucional, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio institucional en el país.
Avanza en el Congreso reforma que amplía el control político a las Unidades Administrativas
El Senado de la República aprobó en segundo debate el Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2025, de coautoría de la senadora Carolina Espitia, el cual busca fortalecer los mecanismos de control político y moción de censura a las Unidades Administrativas Especiales.
La iniciativa amplía el alcance del control legislativo al incluir a los directores de estas entidades con personería jurídica dentro del grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que pueden ser citados por el Congreso para rendir cuentas sobre su gestión.
Con esta reforma, el Congreso tendrá la facultad de ejercer un control político más amplio sobre entidades que manejan funciones clave del Estado. Entre las entidades que quedarían sujetas a esta obligación se encuentran la Aeronáutica Civil, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre otras.
Durante el debate, la senadora Carolina Espitia presentó una proposición que fue aprobada, para excluir a la Fiscalía General de la Nación de la lista de entidades sujetas al control político. Según explicó, esta decisión “evita la politización de la justicia y preserva la independencia de la Rama Judicial”, en coherencia con los principios de separación de poderes y técnica legislativa.
El proyecto, que cuenta con respaldo multipartidista, continuará su trámite legislativo en el Congreso con el objetivo de convertirse en reforma constitucional, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio institucional en el país.
La educación en protección animal será obligatoria en todos los colegios del país
La Ley Empatía, de autoría de la senadora Andrea Padilla, del Partido Alianza Verde, fue aprobada en último debate en el Congreso de la República, convirtiéndose en un avance histórico para la educación y el bienestar animal en Colombia.
La nueva ley integra el enfoque de protección animal en los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), en los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS) y en los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEAS) en todos los colegios del país, tanto públicos como privados. Con ello, la educación colombiana incorporará de manera transversal la formación en valores de empatía, respeto y responsabilidad hacia los animales y el entorno natural.
El Ministerio de Educación Nacional tendrá seis meses para expedir los lineamientos curriculares que orientarán este nuevo enfoque educativo. Estos deberán incluir, como mínimo, contenidos sobre el trato ético hacia los animales y nuestras obligaciones de cuidado con ellos, la prevención del maltrato animal, la educación en tenencia responsable de animales de compañía y la conservación de la biodiversidad.
Además, los estudiantes podrán optar por realizar su servicio social obligatorio en establecimientos públicos o privados dedicados a la protección y el bienestar animal, fortaleciendo así su compromiso ciudadano y su formación práctica en el cuidado de los seres sintientes.
Finalmente, el Ministerio de Educación deberá crear la Red Nacional de Docentes para la Protección y el Bienestar Animal, con el fin de desarrollar e intercambiar estrategias pedagógicas exitosas que promuevan una educación más empática, inclusiva y consciente.
Con la Ley Empatía, Colombia da un paso firme hacia una sociedad más compasiva y respetuosa con todas las formas de vida, consolidando la educación como el principal motor para transformar la relación entre los seres humanos y los animales.
La representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, fortalece el papel de los Fondos de Empleados en la economía solidaria
Con la autoría y liderazgo de la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, por el Partido Alianza Verde, el Congreso aprobó la Ley 2496 de 2025, una norma que después de más de tres décadas sin modificaciones, moderniza y fortalece los Fondos de Empleados en el país. El propósito de esta ley es entregar más poder, autonomía y herramientas a estas organizaciones solidarias, para que puedan cuidar mejor a sus asociados y beneficiar a miles de familias colombianas.
Los Fondos de Empleados funcionan como una gran alcancía colectiva en la que los trabajadores aportan voluntariamente una parte de su salario. A cambio, acceden a mecanismos de ahorro, préstamos y beneficios en áreas como salud, educación, bienestar y solidaridad. Se trata de entidades sin ánimo de lucro que, con la nueva ley, tendrán un papel más fuerte dentro de la economía social y solidaria.
Entre los principales cambios que introduce la Ley 2496 se destacan medidas que facilitan el ahorro y el acceso al crédito, al tiempo que protegen el dinero de los trabajadores. Ahora los pensionados podrán reincorporarse a sus fondos si lo desean, y la norma establece que el descuento máximo permitido del salario para los aportes será del 10%, garantizando que los ahorros no puedan ser embargados ni retirados de manera injusta. La ley también exige que todos los fondos cuenten con personería jurídica registrada en la Cámara de Comercio, lo que aumenta la transparencia y asegura que estén debidamente organizados y vigilados.
Adicionalmente, se otorga a los fondos la posibilidad de crear reservas especiales que respalden los aportes de los socios o fortalezcan servicios sociales en salud, educación y ayuda solidaria. También se establecen reglas claras para que, en caso de devolución de aportes, esta se realice de manera justa y equitativa para todos los asociados. Finalmente, la norma otorga a los pensionados la libertad de decidir en qué banco o fondo de empleados recibir su pensión, garantizando mayor autonomía en el manejo de sus recursos.
Según la representante Velásquez, “la Ley 2496 de 2025 protege el dinero de los trabajadores, asegura los derechos de los pensionados, promueve la economía solidaria y moderniza las reglas de juego para poner a los fondos a la altura de los retos actuales”. Y agregó: “Creemos en una economía que piensa en la gente. Esta ley protege a los trabajadores, a sus familias y da vida nueva a los fondos de empleados como motores de bienestar colectivo”.
Con esta aprobación, el Partido Alianza Verde reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales y con la construcción de una economía solidaria que brinde más oportunidades y bienestar a las y los colombianos.
Wilmer Castellanos celebra su quinta Ley de la República en beneficio de la educación en Boyacá
El pasado 27 de agosto, el representante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Castellanos, celebró la sanción de la Ley 2516 de 2025, una norma de su autoría que enaltece y reconoce oficialmente al Glorioso Colegio de Boyacá (Colboy), la primera institución pública universitaria del país, por su destacada trayectoria y aportes a la educación de los colombianos.
Con la aprobación en sus cuatro debates y su sanción presidencial, esta Ley se convierte en la quinta Ley de la República del congresista boyacense, consolidando su compromiso con el desarrollo educativo del país en menos de tres años de labor legislativa.
“Hoy le cumplimos al Colboy en sus 203 años con el mejor regalo: una Ley de la República que lo fortalece, lo proyecta y lo reconoce como símbolo de la educación pública en Colombia”, expresó Wilmer Castellanos durante la ceremonia de sanción.
La Ley 2516 autoriza al Gobierno Nacional a adelantar proyectos de infraestructura que garanticen la calidad educativa del Colegio de Boyacá. Entre los proyectos más destacados, se encuentran: la construcción de un edificio inteligente para la formación de futuros bachilleres técnicos y tecnológicos. La edificación de un coliseo deportivo, que llevará el nombre del General Francisco de Paula Santander, en honor a la figura histórica de la región. Y finalmente, la restauración y adecuación de la sede histórica central y de sus seccionales, para preservar el legado cultural y académico de esta institución emblemática.
Con este hito histórico, el Congreso de la República rinde un homenaje al Colegio de Boyacá, una institución que, durante más de dos siglos, ha sido cuna de presidentes, académicos, científicos y líderes nacionales.
Por tercera vez el representante a la Cámara Juan Camilo Londoño, radicó la Ley del Deporte
El Representante a la Cámara por Antioquia Juan Camilo Londoño, radicó por tercera vez la Ley del Deporte en el Congreso de la República. El congresista reiteró que su compromiso con el sector no se detiene y que seguirá insistiendo para que se reconozca el deporte, la actividad física, la recreación y la educación física como derechos esenciales, obligando al Estado a garantizar su acceso en todo el territorio nacional.
El Representante a la Cámara por Antioquia Juan Camilo Londoño, radicó por tercera vez la Ley del Deporte en el Congreso de la República. El congresista reiteró que su compromiso con el sector no se detiene y que seguirá insistiendo para que se reconozca el deporte, la actividad física, la recreación y la educación física como derechos esenciales, obligando al Estado a garantizar su acceso en todo el territorio nacional.
El representante y exbaloncestista profesional explicó que este proyecto es un primer paso para abrir el diálogo con todos los colombianos sobre lo que debe ser la nueva norma del deporte, la cual no se ha renovado en más de 30 años. El proyecto de Ley 227 de 2025 fue radicado el pasado 25 de julio en el Senado de la República y se espera que inicie su trámite en el segundo semestre de este año en las comisiones séptimas constitucionales, competentes en temas de deporte, educación y salud. De superar los cuatro debates reglamentarios, la discusión llegaría a las plenarias en 2026 para convertirse en ley de la República.
Actualmente, la legislación vigente en materia deportiva corresponde a la Ley 181 de 1995, conocida como “Ley del Deporte”, que, a pesar de haber tenido reformas parciales, según el representante ya no responde a las dinámicas actuales del sector. Hoy, el deporte, la actividad física, la recreación y la educación física son reconocidos como derechos fundamentales y sociales, vinculados a la salud, la inclusión, la equidad de género y la construcción de paz. Además, mesas de trabajo lideradas por el Gobierno Nacional y el Ministerio del Deporte con ligas, federaciones, atletas y académicos concluyeron en la necesidad de un nuevo marco normativo integral, en armonía con compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la UNESCO y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Entre los principales puntos de la reforma se destaca el reconocimiento del deporte, la recreación y la educación física como derechos esenciales, lo que obligaría al Estado a garantizar su acceso en todo el territorio. El proyecto también actualiza el Sistema Nacional del Deporte para fortalecer la coordinación entre Nación, departamentos, municipios y organizaciones deportivas, al tiempo que moderniza la autonomía del Comité Olímpico y el Comité Paralímpico Colombiano.
En materia de financiamiento, la iniciativa plantea nuevas fuentes de recursos como tasas parafiscales, aportes de Coljuegos y alianzas público-privadas, asegurando una distribución más equitativa hacia ligas regionales y programas comunitarios. Asimismo, busca revalorizar la educación física como área fundamental en el currículo escolar, con estándares de calidad y formación docente especializada.
El deporte de alto rendimiento también ocupa un lugar central en la propuesta, con programas de apoyo integral a deportistas en salud, pensiones, educación y transición laboral, además de la creación de un Fondo Nacional para el Alto Rendimiento. El articulado incluye lineamientos para promover la inclusión y la equidad en el deporte femenino, comunitario, indígena y de personas con discapacidad, así como políticas específicas contra la violencia de género y el acoso.
Con esta nueva radicación, el Representante Juan Camilo Londoño reafirma su compromiso con el deporte como un motor de desarrollo social y económico, y ratifica su propósito de lograr una legislación que responda a las necesidades y aspiraciones de los colombianos en materia de deporte, recreación y actividad física.
Con esta nueva radicación, el Representante Juan Camilo Londoño reafirma su compromiso con el deporte como un motor de desarrollo social y económico, y ratifica su propósito de lograr una legislación que responda a las necesidades y aspiraciones de los colombianos en materia de deporte, recreación y actividad física.