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En sesión de Dirección Nacional del 13 de abril de 2026, el Partido Alianza Verde decidió crear una comisión encargada de construir un acuerdo programático con la campaña presidencial de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

Esta comisión la conformaron 25 integrantes de la Dirección Nacional, entre ellos el Secretario General, Jaime Navarro. Como parte del proceso, la Oficina de Gestión Política y el Centro de Pensamiento brindaron acompañamiento en el análisis del programa de gobierno; identificando sus principales ejes, así como las coincidencias, diferencias y oportunidades de articulación con los principios y banderas del Partido.

En este marco, se elaboró un análisis que abordó temas estratégicos como ambiente, anticorrupción, juventud, paz, etnias, regiones, salud, mujeres, educación, economía, animalismo, seguridad, campesinado, comunidad LGBTIQ+ y democracia. Este ejercicio permitió reconocer puntos de encuentro, disensos, aspectos a fortalecer y propuestas para enriquecer el acuerdo desde la perspectiva Verde.

A partir de este análisis, se lograron consolidar aportes clave en varios ejes:

En justicia ambiental, se posiciona el agua, la biodiversidad y los ecosistemas como pilares del ordenamiento territorial; se impulsa la reforma al SINA y a las CAR para fortalecer la gobernanza ambiental, y se promueve un modelo de desarrollo urbano basado en ciudades integradas a la vida.

En protección animal, se plantean medidas como la asignación de recursos para programas de esterilización, la sustitución de vehículos de tracción animal, el fortalecimiento institucional frente al maltrato y tráfico ilegal, la implementación de la Ley Empatía en el sistema educativo y la creación de una Subdirección de Protección y Bienestar en el Ministerio de Ambiente.

En reforma agraria y desarrollo rural, se propone robustecer la institucionalidad del sector, mejorar la articulación territorial, garantizar el acceso al crédito productivo y consolidar la soberanía alimentaria como política de Estado.

En educación, se reafirma su carácter de derecho fundamental mediante la reforma a la Ley 30, la ampliación de la oferta pública, la dignificación del magisterio, el fortalecimiento del bienestar estudiantil, el incremento de la inversión en ciencia, tecnología e innovación y la garantía de educación inicial inclusiva.

En descentralización y desarrollo económico, se impulsa la Ley de Competencias, el fortalecimiento del Sistema General de Participaciones, el desarrollo productivo regional y la transición justa hacia economías sostenibles.

Finalmente, en garantía de derechos, se plantean acciones orientadas a cerrar brechas históricas, mediante el fortalecimiento del Subsistema Nacional de Juventud, la erradicación de violencias —especialmente contra mujeres y población LGBTIQ+—, la dignificación del trabajo y el reconocimiento de la salud mental como un derecho fundamental.

Estas propuestas se nutren de diversos procesos participativos impulsados por el Partido Alianza Verde, el Centro de Pensamiento, la Escuela de Gobierno y otras instancias, como: la Escuela para Mujeres, la Cumbre Nacional de Mujeres Verdes, el Encuentro de Animalistas Verdes y los Encuentros Territoriales Ambientales, que permitieron recoger visiones desde distintas regiones del país.