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Diputada del Magdalena, Rosita Jiménez, asume como Secretaria General de CONFADICOL


 

En el marco del III Congreso Nacional de Diputados de Colombia, que se lleva a cabo en Villavicencio entre el 19 y el 22 de noviembre, la diputada del Magdalena Rosita Jiménez, del Partido Alianza Verde, fue posesionada como Secretaria General de la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia, CONFADICOL.

 

La designación de la diputada Jiménez destaca su sólida trayectoria y su compromiso con el fortalecimiento del trabajo legislativo territorial. Desde este nuevo cargo, asumirá la coordinación de las acciones institucionales, la articulación entre las Asambleas Departamentales y el impulso de iniciativas orientadas al desarrollo regional, la modernización del régimen departamental y la consolidación de una agenda legislativa que responda a las necesidades de los territorios.

La participación de la diputada en este espacio directivo también subraya la importancia de que más mujeres accedan a roles de liderazgo en los escenarios de decisión pública. Su nombramiento aporta diversidad de visión, experiencia técnica y una perspectiva que fortalece los procesos democráticos y territoriales.

Este reconocimiento representa un paso significativo para la representación regional en instancias nacionales y reafirma la importancia de contar con liderazgos preparados, responsables y comprometidos con el futuro del país y sus regiones.

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Se aprueba en segundo debate el Proyecto de Ley Estatutaria de Amparo Alimentario, iniciativa de la senadora Angélica Lozano


 

El Senado de la República aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley Estatutaria de Cuota Alimentaria Ya, una iniciativa de la senadora Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde, que busca brindar una respuesta rápida, efectiva y garantista a miles de mujeres, cuidadores y menores afectados por el incumplimiento de las cuotas alimentarias en Colombia.

 

Este proyecto plantea la creación de un proceso único y especial, con un trámite similar al de la acción de tutela, que permitirá a los jueces actuar de manera inmediata en casos de mora. La nueva figura se activará cuando el deudor acumule tres o más cuotas impagas o cuando, sin existir una cuota fijada, evada totalmente su obligación. Con este mecanismo, los jueces podrán ordenar embargos y medidas cautelares desde el primer día, evitando las demoras actuales que pueden superar los 150 o incluso 480 días, tiempos que en la práctica afectan el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

La propuesta incorpora un avance decisivo para la efectividad del control judicial: los jueces podrán consultar en tiempo real la capacidad económica del deudor a través de un registro consolidado por la DIAN y el MinTIC, que incluirá información proveniente de entidades financieras, el RUNT, la Registraduría Nacional, las superintendencias y otras fuentes oficiales. Este sistema cierra el paso a la ocultación de ingresos y fortalece la trazabilidad patrimonial para decidir con rigor.

El proyecto también introduce una transformación de fondo al reconocer el Trabajo de Cuidado como criterio obligatorio al fijar la cuota alimentaria, reivindicando el esfuerzo diario que madres y cuidadores realizan en la crianza y atención de los menores. Igualmente, habilita el sistema de pago por libranza, lo cual permitirá realizar descuentos directos del salario o de los ingresos del deudor, asegurando pagos oportunos y continuos al beneficiario.

La aprobación en el Senado constituye un paso fundamental para que esta iniciativa avance hacia su discusión en la Cámara de Representantes, donde deberá superar los dos debates restantes antes de convertirse en Ley. El Partido Alianza Verde reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres, los cuidadores y la niñez, y destaca el liderazgo de la senadora Angélica Lozano, quien ha impulsado esta reforma como una respuesta concreta frente al incumplimiento de responsabilidades parentales en el país.

“Este proyecto es una herramienta urgente para proteger a quienes hoy cargan solos con el cuidado y la manutención. No podemos seguir permitiendo que la justicia tarda meses o años mientras niñas y niños enfrentan necesidades básicas sin respuesta”, afirmó la senadora Angélica Lozano.

El Partido Alianza Verde celebra este avance legislativo y ratifica su compromiso con una agenda de justicia, equidad y corresponsabilidad, centrada en garantizar que ninguna niña o niño en Colombia vea vulnerados sus derechos.

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Avanza en el Congreso reforma que amplía el control político a las Unidades Administrativas


 

 

El Senado de la República aprobó en segundo debate el Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2025, de coautoría de la senadora Carolina Espitia, el cual busca fortalecer los mecanismos de control político y moción de censura a las Unidades Administrativas Especiales.

 

La iniciativa amplía el alcance del control legislativo al incluir a los directores de estas entidades con personería jurídica dentro del grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que pueden ser citados por el Congreso para rendir cuentas sobre su gestión.

Con esta reforma, el Congreso tendrá la facultad de ejercer un control político más amplio sobre entidades que manejan funciones clave del Estado. Entre las entidades que quedarían sujetas a esta obligación se encuentran la Aeronáutica Civil, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre otras.

Durante el debate, la senadora Carolina Espitia presentó una proposición que fue aprobada, para excluir a la Fiscalía General de la Nación de la lista de entidades sujetas al control político. Según explicó, esta decisión “evita la politización de la justicia y preserva la independencia de la Rama Judicial”, en coherencia con los principios de separación de poderes y técnica legislativa.

El proyecto, que cuenta con respaldo multipartidista, continuará su trámite legislativo en el Congreso con el objetivo de convertirse en reforma constitucional, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio institucional en el país.
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Avanza en el Congreso reforma que amplía el control político a las Unidades Administrativas


 

 

El Senado de la República aprobó en segundo debate el Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2025, de coautoría de la senadora Carolina Espitia, el cual busca fortalecer los mecanismos de control político y moción de censura a las Unidades Administrativas Especiales.

 

La iniciativa amplía el alcance del control legislativo al incluir a los directores de estas entidades con personería jurídica dentro del grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que pueden ser citados por el Congreso para rendir cuentas sobre su gestión.

Con esta reforma, el Congreso tendrá la facultad de ejercer un control político más amplio sobre entidades que manejan funciones clave del Estado. Entre las entidades que quedarían sujetas a esta obligación se encuentran la Aeronáutica Civil, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre otras.

Durante el debate, la senadora Carolina Espitia presentó una proposición que fue aprobada, para excluir a la Fiscalía General de la Nación de la lista de entidades sujetas al control político. Según explicó, esta decisión “evita la politización de la justicia y preserva la independencia de la Rama Judicial”, en coherencia con los principios de separación de poderes y técnica legislativa.

El proyecto, que cuenta con respaldo multipartidista, continuará su trámite legislativo en el Congreso con el objetivo de convertirse en reforma constitucional, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio institucional en el país.
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Reconocimiento póstumo a Diego Muñoz Marroquín


 

 
En memoria de Diego Muñoz Marroquín, expresamos nuestro más profundo reconocimiento por su invaluable legado como abogado, empresario, líder social y político del departamento del Huila.

Su vida fue un ejemplo de compromiso, rectitud y servicio. Desde su ejercicio profesional, contribuyó al fortalecimiento de la justicia y del sector empresarial, promoviendo siempre el respeto por la dignidad humana y el ejercicio ético de la política. Como miembro de la Dirección Nacional y codirector departamental del Partido Alianza Verde en el Huila, trabajó con dedicación, transparencia y sentido social, dejando una profunda huella en la construcción de una política más ética, participativa y cercana a la ciudadanía.

A su esposa, hijos, madre y demás familiares, les expresamos nuestras más sinceras condolencias y nuestro reconocimiento eterno por haber acompañado y sostenido con amor a un hombre que deja una huella imborrable en la historia y en el corazón de los huilenses.

Paz en su memoria y gratitud eterna por su ejemplo de vida.

Partidariamente,

ANTONIO NAVARRO WOLFF
Copresidente Alianza Verde

RODRIGO ROMERO HERNÁNDEZ
Copresidente Alianza Verde

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Aprobado en primer debate la Reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil


 

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate la Reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, impulsada por Duvalier Sánchez, un paso clave para fortalecer la participación efectiva de las juventudes en la vida política y pública del país.

 

Esta iniciativa, construida de forma amplia, participativa y plural, representa un avance histórico en el reconocimiento de las y los jóvenes como actores determinantes en la toma de decisiones nacionales.

“Las juventudes de Colombia no solo necesitan reconocimiento. Necesitan incidencia real. La aprobación de esta reforma marca un antes y un después para garantizar su voz, sus derechos y su participación en la democracia”, afirmó el representante.

El proyecto actualiza el Sistema Nacional de Juventud e incorpora principios como el enfoque de género, la justicia social, la territorialidad, la seguridad humana, la educación inclusiva y los enfoques interseccional e intercultural.

Su construcción fue fruto de un proceso colectivo, en donde un promedio de 400 jóvenes de diferentes regiones participaron en audiencias, foros y espacios de diálogo, aportando desde sus realidades, sueños y experiencias.

“Lo más importante fue la voluntad colectiva. Esta es una propuesta hecha por y para las juventudes del país”, agregó Sánchez.

Este avance en primer debate demuestra la voluntad del Congreso y de las juventudes de seguir construyendo un país donde la participación no sea sólo simbólica, sino decisoria.

La discusión continuará en los siguientes debates legislativos, donde se espera mantener el respaldo para consolidar una ciudadanía juvenil activa, propositiva y con garantías reales.

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Alejandro García amplía denuncia y solicita investigación formal sobre contrato de alumbrado público en Pereira

El Representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García Ríos, radicó ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación una denuncia formal solicitando que se abra investigación fiscal, disciplinaria y penal por presuntas irregularidades en la concesión del alumbrado público de Pereira, un contrato de $84.496 millones suscrito entre el Municipio y la Unión Temporal Ilumina Pereira.

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Se posesiona el diputado más joven del país por el Partido Verde


 

El dirigente juvenil Darwin David Vargas Rincón, ayer, 30 de octubre, asumió su curul en la Asamblea Departamental de Santander como diputado del Partido Alianza Verde, convirtiéndose en la nueva figura más joven en ocupar una diputación en Colombia.

 

Su llegada marca un relevo generacional dentro de la colectividad y refuerza la presencia del partido en la oposición departamental, aportando frescura política, liderazgo juvenil y capacidad de movilización.

Rincón, economista y activista por las causas ambientales y sociales, había resultado tercero en la lista de la Alianza Verde en las elecciones de 2023, con 4.629 votos. La decisión del Consejo de Estado que anuló la credencial de su antecesor abrió el camino para que el joven dirigente asumiera su labor legislativa en la duma santandereana, iniciando una nueva etapa de participación política desde los valores de la transparencia, la sostenibilidad y la equidad.

Como voz emergente de la oposición verde en Santander, Vargas busca articular agendas de cambio ambiental, social y juvenil, promoviendo políticas públicas que fortalezcan la participación ciudadana, la defensa del territorio y la protección de los recursos naturales.

Con esta posesión, el Partido Alianza Verde reafirma su compromiso con la renovación política y el impulso de nuevas generaciones de liderazgo que representen las demandas de un país diverso, consciente y comprometido con la transformación social.

 

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Colombia da un paso decisivo para saldar una deuda histórica con la educación pública


 El representante Jaime Rúl Salamanca, del Partido Alianza Verde, asume la responsabilidad de haber sido designado como coordinador ponente del proyecto de ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, una reforma esperada por la comunidad educativa en todo el país.

 
El representante Jaime Rúl Salamanca, del Partido Alianza Verde, asume la responsabilidad de haber sido designado como coordinador ponente del proyecto de ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, una reforma esperada por la comunidad educativa en todo el país.
 

Después de más de 30 años de espera, avanzamos hacia un nuevo modelo de financiamiento que garantice una educación superior pública digna, sostenible y transformadora.

“Este proyecto no es técnico ni frío. Es profundamente humano. Reconoce que la educación no puede seguir dependiendo de ajustes atados a la inflación y propone un modelo que crezca cada año según los verdaderos costos de la educación, con medidas contracíclicas que protejan su sostenibilidad”, afirmó Salamanca.

La iniciativa también incluye, por primera vez, a las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias públicas (ITTU), muchas de las cuales han sido históricamente excluidas del Presupuesto General de la Nación.

“Llevo más de dos décadas luchando por una educación digna. Primero desde el movimiento estudiantil, hoy desde el Congreso. Esta ha sido una de nuestras grandes banderas, porque estoy convencido de que la educación es el camino para cambiar a Colombia”, señaló el representante. 

Hoy más que nunca, la educación debe estar en el centro de la conversación nacional, no como un gasto, sino como la inversión más poderosa que un país puede hacer. “Como Coordinador Ponente, defenderemos este proyecto en la Cámara con la misma convicción con la que hemos luchado durante años. Porque la educación no puede esperar más”, concluyó.

“Vamos a dejarlo todo para que esta reforma se convierta en ley de la República. Porque cuando la educación avanza, avanza el país.”
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Diputada Rosita Jiménez exige respuestas sobre el abandono de las obras viales en la Sierra Nevada de Santa Marta


 

La diputada Rosita Jiménez lideró el debate de control político en la Asamblea Departamental del Magdalena, para exigir explicaciones sobre el estado crítico de las obras de placa huella en los corregimientos de Central Córdoba, La Aguacatera y Palmor.

 

El proyecto, amparado bajo la Licitación Pública LP-019-2022 y el Contrato de Obra CO-0501-2023, tiene un valor superior a $11.385 millones de pesos y contempla la construcción de 8,9 kilómetros de vía rural. Sin embargo, según los reportes de la Secretaría de Infraestructura Departamental, el avance físico actual apenas alcanza el 8%, y no se registra ningún avance financiero, lo que evidencia un grave incumplimiento contractual y operativo.

Durante su intervención, la diputada Jiménez denunció las reiteradas suspensiones, modificaciones contractuales y la cesión del contrato en agosto de 2024 —del Consorcio Huellas Tayrona al Consorcio Vías del Magdalena— sin la debida publicación de soportes en la plataforma SECOP II, lo que constituye una clara falta de transparencia administrativa.

“La Sierra Nevada de Santa Marta no puede seguir siendo una víctima del abandono institucional. Las comunidades campesinas e indígenas necesitan vías dignas para sacar sus productos, acceder a la salud y la educación. No podemos permitir que un contrato millonario se pierda entre prórrogas y negligencias”, expresó la diputada Jiménez.

Además, la diputada recordó que esta situación no es un caso aislado, sino parte de una problemática estructural que por años ha afectado a los territorios rurales de la Sierra Nevada. En diferentes espacios de control político, Jiménez  ha visibilizado la crisis vial, educativa, sanitaria y ambiental que padecen las comunidades campesinas, documentadas en los pliegos de peticiones sociales y en los informes presentados ante la Asamblea.

“Las comunidades de la Sierra han sido pacientes, resilientes y organizadas. Pero su paciencia tiene límites. Hoy exigimos una acción institucional seria, coordinada y con enfoque territorial que garantice el cumplimiento de los compromisos y la ejecución de las obras prometidas”, enfatizó.

El debate permitió evidenciar la urgente necesidad de una intervención integral del Gobierno Departamental y los entes de control para garantizar la ejecución efectiva de los recursos públicos, la reactivación de las obras viales y la implementación de políticas diferenciales que atiendan el rezago histórico de la Sierra Nevada.