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Alianza Verde denuncia negligencia institucional en la protección de la diputada Rosita Jiménez


 

Bogotá abril 8 de 2026

El Partido Alianza Verde denuncia públicamente la grave negligencia institucional frente a la situación de seguridad de la diputada Rosita Jiménez, tras el atentado perpetrado en su contra el pasado 31 de marzo en el departamento del Magdalena, cuando el vehículo en el que se movilizaba fue baleado en repetidas ocasiones. Cabe aclarar que esta no es la primera vez que amenazan o atentan contra la integridad y vida de nuestra lideresa.
La iniciativa surge en un
Es inaceptable que, pese a las alertas, solicitudes reiteradas y al evidente riesgo que enfrenta, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta no hayan actuado con la urgencia, responsabilidad y eficacia que la situación demanda.

La falta de celeridad y de medidas de protección adecuadas constituye una omisión grave que pone en riesgo la vida de una lideresa política, su familia y el ejercicio democrático en el territorio. Esta desprotección no puede entenderse como un simple retraso administrativo: es una falla institucional que podría tener consecuencias irreparables.

Advertimos que cualquier afectación a la integridad de la diputada Rosita Jiménez será responsabilidad directa de las entidades que hoy no están cumpliendo con su deber de protección.

Exigimos el reforzamiento inmediato de su esquema de seguridad, de forma integral, efectivo y acorde al nivel de riesgo, puesto que el vehículo en el que se movilizaba quedó destruído tras el atentado. Pedimos articulación real entre las autoridades competentes que garantice resultados verificables y no respuestas dilatorias.

La democracia no puede sostenerse sobre el abandono institucional ni sobre la indiferencia frente a las amenazas contra quienes ejercen liderazgo público.

No guardaremos silencio frente a la desprotección.
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Avanza proyecto que busca eliminar el pico y placa para vehículos que transportan personas con discapacidad


 

La iniciativa, liderada por la senadora Carolina Espitia y con ponencia del Representante Jaime Raúl Salamanca, fue aprobada en tercer debate en la Cámara de Representantes.

En la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes fue aprobado en tercer debate el proyecto de ley que busca garantizar la exención de pico y placa en todo el país para los vehículos que transportan personas con discapacidad.

La iniciativa, impulsada por la senadora Carolina Espitia y con el acompañamiento del representante Jaime Raúl Salamanca como coautor y ponente, tiene como objetivo eliminar barreras en la movilidad y avanzar hacia un país más incluyente.

De acuerdo con la congresista, esta propuesta responde a una necesidad urgente de equidad, al evitar que el acceso a la movilidad dependa de la ciudad donde esté matriculado el vehículo.

“El derecho a movilizarse sin obstáculos no puede estar condicionado por el territorio. Esta iniciativa elimina barreras injustas y pone en el centro a las personas”, señalaron desde el equipo impulsor del proyecto.

Además, destacaron que esta medida mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, facilitando su acceso a servicios esenciales como salud, educación y trabajo.

El proyecto continuará su trámite en el Congreso de la República, donde se espera que reciba el respaldo necesario para convertirse en ley.