La Corte Constitucional me invitó a participar de la Audiencia Pública sobre las solicitudes de traslados de un fondo privado de pensiones a Colpensiones. El encuentro respondió a la multiplicidad de acciones judiciales de personas que quieren devolverse al sistema público por las promesas incumplidas del sistema privado de pensiones.
Por lo tanto, la Corte Constitucional busca indagar las razones estructurales, jurídicas y de política económica que están detrás del diseño actual del Sistema General de Seguridad Social en pensiones y su relación con la política de traslados entre los regímenes que lo integran.
La invitación a esta audiencia es el resultado de mi trabajo dentro del Congreso en materia pensional con la presentación en tres ocasiones de un acto legislativo que busca eliminar las megapensiones y, en suma, una reforma pensional estructural y no por parches orientada con los principios de la Organización Internacional del Trabajo. Ello junto con mi oposición a los proyectos de ley con reformas a medias que no mejoran la cobertura pensional o que favorecen a sectores financieros y no a los cotizantes.
¿Por qué es importante hablar sobre el sistema de pensiones en Colombia y los traslados entre regímenes?
El sistema pensional en Colombia es ineficiente porque NO pensiona. Se requiere de una reforma pensional estructural centrada en mejorar la cobertura, de forma responsable con los recursos públicos, que entregue pensiones con ingresos dignos que garanticen una protección a la vejez.
El sistema pensional colombiano es el único en el que coexisten todos los subsistemas posibles y ninguno funciona bien. Como resultado tenemos un bajo porcentaje de pensionados que el Ministerio de Hacienda estima en apenas un 20% del total de la población en edad de pensionarse.
La lógica del Régimen de Prima Media (Colpensiones) es que todos ponen y toman, pues nos vemos beneficiados de una bolsa común que se nutre de los aportes de los afiliados y del Presupuesto General de la Nación. La lógica del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, es que cada cotizante ahorra y con eso se financia su pensión; sin embargo, este régimen privado no está funcionando.
Principales problemas del sistema pensional en Colombia:
El sistema público, en cabeza de Colpensiones, debe hacer un mejor uso de los recursos porque entrega más subsidios a las pensiones altas que a las de montos bajos.
- Del 100 % del déficit pensional que debe asumir el Estado, solamente el 29,5 % corresponde a Colpensiones. El resto del déficit (70,5 %) se divide así: el 28,6% va para el FOPEP; el 20,9% para las Fuerzas Armadas y las Policía, el 18,7% para Magisterio y 2,2% a otros.
- En 1993 se eligió el camino incorrecto con un sistema de seguridad social que puso a los dos regímenes a competir entre sí. Con el agravante de que el sistema público más grande se alimenta de los aportes y, al tener menos afiliados, perdió músculo financiero para sostenerse.
- El sistema privado se ha dedicado a devolver saldos más altos que los que entrega Colpensiones, pero no cumple con su objetivo principal que es pensionar.
- Es falso señalar que todas las personas que se quieren trasladar o que se pensionan en Colpensiones tienen megapensiones. El 58% de personas se pensionan con un salario mínimo y el 40% se pensiona con salarios entre más de uno y ocho salarios mínimos. Solo el 0,01% reciben más de 20 salarios.
- Es usual que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) utilicen los aportes de sus cotizantes para financiar empresas de sus mismos conglomerados económicos. A futuro las pensiones favorecerán los intereses de las administradoras privadas, con pocas garantías para el ahorro pensional.
- En el sistema privado solo el 72 % aporta para financiar las pensiones, el 28 % restante va para gastos de administración y otros. Sin contar con riesgos y gastos adicionales que asumen los afiliados y no la administradora de pensiones como debería ser. Es falso que el sistema privado funcione a costo cero y sea auto sostenible porque se financia con bonos pensionales alimentados por recursos públicos, que en ocasiones no tienen reserva y se liquidan a favor de los privados y no del pensionado.
Es una obligación ayudar a miles de personas que se sienten engañadas por los fondos privados de pensiones, pero no es suficiente con trasladarlos al régimen público. Es necesario que sancionen al sistema privado por omitir asesorías claras y darle un manejo deficiente a las inversiones de los afiliados. El sistema pensional no es un negocio, sino un sistema con función social.
¿Qué hace tan difícil el traslado masivo de afiliados del sistema privado al público de pensiones?
Los traslados son un reflejo del poco control que se le hace a las administradoras privadas. El problema central es que no se sabe cuáles son las características de las personas que se trasladarán, respecto a sus saldos acumulados y sus niveles de cotización. La Procuraduría General propuso trasladar a 19.000 potenciales demandantes, ¿y el resto seguirán demandando? Esa solución no es estructural y sí carga el sistema pensional.
¿Qué hacer desde el Congreso para enfrentar dicha problemática?
Es necesario resolver el caso de fondo y dejar unas directrices que atiendan la sostenibilidad y orienten una reforma pensional en Colombia. No se puede permitir o impedir traslados que se pierden en las demandas, con los costos adicionales que implican los procesos judiciales para el Estado. Ni tampoco asumir las obligaciones de los fondos privados cuando el sistema público nunca recibió ingresos en la etapa de ahorro del demandante.
Para lograr lo anterior se debería:
- Establecer las características específicas de quienes se trasladaban de un sistema pensional a otro. Eso incluye la edad, el monto ahorrado y las proyecciones del costo de la pensión en Colpensiones (RPM) Vs. Colfondos (RAIS). También revisar los beneficios recibidos por las administradoras privadas (AFP) en la etapa de ahorro del afiliado.
- Sanciones efectivas para el régimen privado que eviten más afiliaciones engañosas y garanticen el pago de los sobre costos causados en los traslados irregulares. No le pueden dejar el problema al Estado después de causarlo.
- Establecer parámetros de calidad de inversión realistas y claros que le eviten problemas a los afiliados.
- Para el sistema público no es viable recibir recursos con los traslados si a futuro el dinero recaudado no alcanzará y causará déficit.
- Formular una reforma pensional estructural que entregue pensiones con montos justos y sin excesivos privilegios, es decir, los límites evitarán el traslado a quienes devenguen pensiones altas. Algunos expertos calculan que las pensiones deberían oscilar entre 4 a 7 salarios mínimos, para lograrlo los cálculos integrales se deben hacer con el acompañamiento de entidades objetivas no con las asociaciones de los fondos privados.