fbpx

Nueva bancada de la alianza verde presenta proyectos ambientales, sociales y de prevención, y la primera citación a debate de control político sobre el posconflicto.

En el inicio del Congreso que sesionará por los próximos 4 años, Representantes y Senadores del Partido Alianza Verde presentaron los 17 proyectos radicados para que inicien su tránsito a lo largo del periodo legislativo. Entre los temas se destaca el enfoque ambiental, alguno sociales pensados para jóvenes y mujeres y otros hacia las regiones.

1. Agua como Derecho Fundamental: este proyecto de acto legislativo ya se había presentado en el Congreso y hoy vuelve a radicarse como una iniciativa que busca velar por la conservación, calidad y disponibilidad de este recurso.  Se pretende darle categoría de derecho fundamental, equiparándola a una norma no negociable y poniéndola por encima de los modelos económicos de mercado y los intereses particulares

 

2. Protección de las abejas: con este se pretende regular las actividades apícolas en su conjunto desde la crianza de abejas, la producción de material vivo, producción de la miel, trashumancia de las colmenas, la polinización de cultivos entomófilos, entre otros. Las abejas tienen un papel fundamental e irremplazable en el equilibrio ecológico, debido a que es uno de los polinizadores más importantes y por lo tanto indispensables para la producción de alimentos.

 

3. Consejos territoriales de planeación:  su objetivo principal es la configuración de un espacio de participación para la ciudadanía y las autoridades territoriales sobre las decisiones que tienen impacto ambiental en su territorio. Concretamente se pretende garantizar la participación ciudadana en el proceso de licenciamiento ambiental a través de los Consejos Territoriales de Planeación.

 

4. Concertación minera: este proyecto propone realizar una concertación entre las autoridades municipales y las autoridades del nivel nacional en la delimitación y declaración de las zonas donde se habilita la realización de actividades mineras –que no deja sin efectos y en ningún caso limita la posibilidad de activar los mecanismos de participación popular previstos en la ley.

 

5. Pasivos Ambientales: pretende establecer los mecanismos para la atención de pasivos ambientales en Colombia, que es el impacto ambiental negativo ubicado y delimitado geográficamente, que no fue oportuna o adecuadamente mitigado, compensado, corregido o reparado, causado por actividades antrópicas y que puede generar un riesgo a la salud humana o al ambiente.

 

6. Planes de cierre minero: mediante este se podrán establecer las condiciones ambientales, técnicas, financieras y sociales que deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar el cierre y abandono de una exploración o explotación minera.

 

7. Protección de humedales: con este proyecto se espera garantizar la protección de los humedales de importancia internacional y/o los designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención Ramsar debidamente declarados, a través de la prohibición de las actividades de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, la urbanización, construcción de refinerías de hidrocarburos o la construcción de obras de infraestructura logística y portuaria.

 

8. Licencia para exploración minera: a través de este proyecto, se determinará que, para la fase de exploración de las actividades de la cadena minera, se generarán una serie de requisitos para los solicitantes en temas de prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la actividad autorizada.

 

9. Establecer el mínimo vital de agua potable: El objetivo de esta iniciativa es que el Estado Colombiano garantice de forma gratuita 6 metros cúbicos de agua potable que permita a las personas de los estratos socioeconómicos uno y dos, de uso residencial y mixto, llevar una vida en condiciones dignas.  En el mismo sentido, se establece que el agua es un derecho humano y un servicio público esencial inherente a la finalidad social del Estado, el cual debe asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

 

10. Reducción de las sanciones para los jóvenes colombianos que tengan la condición de remiso: con este, los colombianos que a la entrada en vigencia de la presente Ley estuvieran en condición de remisos y cumplan con cualquiera de las causales del artículo 12 de la Ley 1861 de 2017 o tengan 24 años cumplidos; serán beneficiados con la condonación total de las multas que actualmente tengan, quedando exentos del pago de la cuota de compensación militar. Adicional, solo cancelarán el quince (15%) por ciento de un SMLMV por concepto de trámite administrativo de la tarjeta de reservista Militar o Policial.

 

11. Eliminación del servicio militar obligatorio, para implementar el servicio social y ambiental; pretende implementar el servicio social y ambiental como alternativa que vincule a los jóvenes en el fortalecimiento del sentido de pertenencia nacional y en la construcción de sociedad.

 

12. Prohibición del uso de la pólvora: la propuesta plantea prohibir la fabricación, manipulación, el transporte, almacenamiento, comercialización, compra, venta y el expendio de pólvora y productos pirotécnicos. Quedan excluidos de esta ley las personas naturales, jurídicas y extranjeras de derecho privado o público que cumplan con los requisitos para el uso profesional de la pólvora y productos pirotécnicos.

 

13. Incremento de las regalías directas a las zonas productoras de hidrocarburos y minerales: pretende que los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; entre otros.

 

14. Normas para la constitución y operación de las Asociaciones Campesinas y las Asociaciones Agropecuarias: expone que las asociaciones campesinas no tengan que hacer registros complejos y costosos ante las cámaras de comercio. En su reemplazo, serán los secretarios de gobierno de las alcaldías municipales y de las gobernaciones los que les otorguen la personería jurídica y expidan el certificado de existencia y representación legal.

 

15. Formalización de la propiedad campesina: se estima que en Colombia existen entre 2.000.000 y 2.500.000 predios sin formalizar la propiedad. Estos inmuebles representan el 70% del, total de matrículas inmobiliarias y se concentran fundamentalmente en los campesinos micro, mini y pequeños propietarios de tierra (89% del total), o poseedores de predios privados por su explotación económica (art. 142 Ley 200/36) Con este proyecto se pretende promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios.

 

16. Canasta Familiar Justa: dicho proyecto tiene varios objetivos, uno de ellos mejorar la competitividad entre los comerciantes, facilitar el acceso de la población a los productos con mejores precios, acabar con los carteles de las empresas que acomodan los costos a su conveniencia y abaratar los precios de los productos de la canasta familiar, algo de vital importancia para la mayoría de familias colombianas.

 

17. Sanciones para la violencia política contra la mujer: busca establecer mecanismos de prevención, vigilancia y sanción de los actos de acoso y de violencia política contra las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos en su condición de integrantes de partidos, movimientos y organizaciones políticas, candidatas electas o designadas, o como servidoras públicas en todas las ramas del poder público.

 

18. Regulación de  indemnización de los daños a la persona en los procesos de responsabilidad: proyecto pretende servir de demostración y, a la vez, de invitación: demostración de la necesidad de regular el sistema de indemnización de los daños a la persona; invitación para que la comunidad académica, los jueces y los abogados litigantes se unan a este enriquecedor proceso de discusión. El proyecto, al fin y al cabo, debe ser un proyecto de todos.

 

19. PAL para modificar el Sistema General de Participaciones: El Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios será mínimo el treinta y cinco por ciento (35%) de los ingresos corrientes de la Nación, y se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores, incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución. En ningún caso este incremento podrá ser inferior a la tasa inflación causada en los doce (12) meses anteriores a la aprobación del presupuesto general de la nación.

 

20. PL para poner límites máximos a los avalúos por actualización catastral: busca establecer límites máximos a los avalúos por actualización catastral, unificar la conservación catastral a nivel nacional, determinar los plazos y revisión y recursos de los avalúos catastrales y plantear las figuras de revisión y recursos por parte de los contribuyentes. 

 

21. Debate de control político sobre posconflicto: En lo que se convierte en la primera citación a un debate de control político al entrante Gobierno del presidente Iván Duque, este viernes se radicó ante la Plenaria de la Cámara una proposición para que el gobierno actual responda el cuestionario sobre el avance de la implementación y el nuevo gobierno le cuente al Congreso cómo garantizará el desarrollo de la construcción de paz. Colombia enfrenta un momento crucial para avanzar hacia la consolidación de un Estado de Derecho mediante la construcción de paz en todo el territorio y es en este escenario en el cual el Gobierno Nacional debe articular todos sus esfuerzos para crear políticas coherentes con las necesidades del país y las demandas y desafíos propios del post-conflicto.

 

Con estos proyectos, la bancada del Partido Alianza Verde se prepara para iniciar este periodo legislativo defendiendo las causas sociales y ambientales. El Partido se compromete a seguir luchando por las causas ciudadanas y trabajar desde el legislativo por sus derechos. 

 

Imprimir