Una nueva iniciativa se trabaja en el Congreso para apoyar al sector minero colombiano, incentivar la formalización de pequeñas y medianas empresas y desincentivar el desarrollo de actividades ilegales. Se trata del Proyecto de Ley No. 510 de 2021 que cursa en el Senado “por medio del cual se expiden normas para que el sector minero colombiano acceda a los servicios del sistema financiero y asegurador nacional”.
Una de las ponentes de esta iniciativa es la senadora del Partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, quien ha destacado el papel que está jugando el sector minero en la reactivación económica de Colombia. “Entre los años 2019 y 2020, este sector aportó 4,2 billones de pesos por medio de regalías para el Desarrollo de las regiones y genera 350 mil empleos de manera directa. Sin embargo, esta actividad económica ha sido estigmatizada por la banca colombiana a tal punto que se les ha cerrado las puertas negándoles el acceso a cuentas bancarias y productos crediticios”, explicó la congresista.
La norma busca que el sector minero tenga acceso a productos financieros como créditos hipotecarios, créditos de libre inversión, leasing habitacionales con tasas de interés preferencial y estos créditos puedan tener un respaldo del Fondo Nacional de Garantías, siendo el Estado el fiador de los mineros colombianos. Además, desarrollar programas de formación en educación financiera para mineros. Todo esto, permitirá que la minería siga aportando a la reactivación de la economía del país, que las empresas grandes, medianas y pequeñas puedan competir sin ningún tipo de restricción y de esa forma, generar incentivos para seguir trabajando bajo la legalidad.
Hoy el 60% de la minería es ilegal afectando el medio ambiente, quitándole recursos a las regiones y poniendo en riesgo la vida de los trabajadores mineros. La minería criminal junto con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y los cultivos ilícitos, entre otros, se han convertido en un verdadero problema que afecta la seguridad nacional. Por esta razón, hay que continuar este debate en la plenaria del Senado, para brindar mayores oportunidades a los comercializadores mineros, eliminar brechas y mejorar su competitividad y condiciones laborales.
El proyecto de ley cuenta con el apoyo de la academia y la Superintendencia Financiera de Colombia. También participan como autores de esta iniciativa los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático y Partido de La U.