Un proyecto minero que afectaría a más de 25.000 ciudadanos es el motivo por el que la Consejera Municipal de Juventud en Barrancabermeja, María Isabel Rey elegida por el Partido Alianza Verde, fue amenazada presuntamente por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC.
Para este proyecto que busca la explotación de carbón, la Corporación Autónoma de Santander (CAS) otorgó una licencia ambiental a la empresa COLCCO en la que se expondrían 1.949 hectáreas para explotar 158 de ellas a cielo abierto, lo que haría que las veredas Rancho Grande y Aljibes, que son cercanas al Río Cascajales y son nacimientos de agua, desaparezcan completamente para ser reemplazadas por un corredor minero.
En ese sentido, la Consejera de Juventud, María Isabel Rey quien, en su activismo ambiental, decidió acompañar las manifestaciones a través de la creación de un comité que defiende el agua, la vida y el territorio. Según Rey, este proyecto podría afectar la vida de más de 25.000 ciudadanos que recibirían agua contaminada por la explotación del mineral.
Hoy, 17 de enero del 2023, se cumplen 9 días de protestas pacíficas, pero durante el fin de semana los manifestantes recibieron amenazas por las AGC, sin embargo, aún no está claro el origen del panfleto.
“En un medio de comunicación salió que los campesinos estaban pidiendo una mesa de negociación, pero aquí quiero aclarar que NO queremos negociar. Nosotros estamos exigiendo (…) es que se pare la expansión minera en el municipio”: afirmó Rey.
Además, la consejera denunció que el proyecto nunca se dio a conocer a la comunidad y que se utilizaron dolosamente unas planillas con firmas de ciudadanos que no correspondían a la socialización del proyecto.
“Por esta razón, decimos que a nosotros nos impusieron la minería, a nosotros no nos consultaron, como se ha hecho en Cajamarca o en otros espacios. Pero, cuando nosotros quisimos hacer la consulta, a los pocos días salió que esta no era vinculante. Entonces, el resultado que nosotros hubiésemos aportado, no iba a ser tenido en cuenta”: concluyó Rey.
Frente a esta situación, solicitamos al Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Interior y la Defensoría de Derechos Humanos resguardar la vida de los manifestantes, muchos de ellos campesinos y jóvenes de la región que buscan proteger el agua, la vida y el territorio. Además, le solicitamos a la Agencia Nacional de Minería y a la Corporación Autónoma de Santander hacer revisión de la licencia ambiental del proyecto.
