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Katherine Miranda
Representante a la Cámara por Bogotá
“El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud”. Estas son las primeras letras que se leen en la Ley 1751 de 2015, norma que determinó la salud como un derecho fundamental en Colombia. Esta ley llegó cuando los colombianos estaban azotados por el repudiable y famoso “paseo de la muerte”.
A pesar de que la salud se constituyó en un derecho autónomo e irrenunciable, el actual sistema de salud está lejos de ser eficiente. En algunos territorios no hay una red de prestadores de servicios de salud. Un ejemplo de ello es La Guajira, donde muchas comunidades indígenas no tienen médicos ni clínicas a dónde acudir en caso de enfermedad. Con gran indignación escuchamos las historia de indígenas que mueren de enfermedades que hubieran podido ser curadas si al alcance de ellos existiera una red de servicios médicos. Sin mayores inconvenientes, la salud llega a las grandes ciudades, pero a los territorios los servicios de salud no llegan, y en muchos pueblos adonde han llegado se han convertido en un negocio.
Alrededor de las EPS se han descubierto incontables casos de corrupción. La Contraloría General de la República encontró el caso de pacientes que nunca tuvieron dolencias, pero en algunas EPS aparecían recibiendo tratamientos psiquiátricos o atención médica a causa de un cáncer. También se han encontrado casos de IPS que aseguraban haber prestado un servicio que nunca brindaron.
Es innegable que necesitamos una reforma, nuestro sistema de salud está en cuidados intensivos, dicen algunos y tienen razón. Sin embargo, el proyecto de ley 339 de 2023 mediante el cual el Gobierno Nacional radicó la reforma a la salud, aunque tiene buenas intenciones, también genera muchas preocupaciones. En respuesta a estas preocupaciones, a la fecha se han radicado cuatro reformas más.
Mi mayor inquietud es que, con la actual reforma propuesta por el Gobierno Nacional, se apruebe la creación de los fondos regionales, ya que, en mi concepto, con estos fondos se aviva la burocracia y se politiza la salud. La administración de los recursos sería entonces competencia de las direcciones territoriales; probablemente, estos recursos pasarían a ser manejados por los secretarios de Salud de los distritos, municipios y departamentos.
Como congresista, trato de ir más allá de lo que en esa propuesta de reforma está escrito. Para lograr una buena reforma propongo un sistema mixto de aseguramiento, donde las EPS no desaparecerían y, por el contrario, compartirían con la ADRES la gestión del riesgo financiero y de salud. De esta forma garantizamos que el Estado y las entidades privadas se involucren, con miras a prevenir y combatir el problema de fondo que tiene a la salud en cuidados intensivos: la corrupción.
Teniendo en cuenta que ni el antiguo Instituto de Seguros Sociales ni las EPS han sido modelos totalmente exitosos, esta es una buena opción. Igualmente, propongo que se cree un sistema de transparencia para que todos los colombianos tengamos conocimiento de cuánto dinero destina el Estado a la salud, a quién se lo gira y qué IPS o CAPIRS reciben estos dineros por la prestación del servicio. Este sistema de transparencia nos permitirá ejercer control ciudadano y político sobre el erario.
Propongo que el Consejo Nacional de Salud sea un órgano consultivo y de asesoramiento del Ministerio de Salud y Protección Social, y no de dirección, como lo propone el proyecto de ley. De esta manera, se le permitirá a la cartera de Salud tomar decisiones informadas, no atadas a la decisión de un tercero plural, ya que podría burocratizarse la política pública en salud.
Por último, considero necesaria la eliminación del capítulo de transición. Primero, porque al no eliminar las EPS no habría necesidad de una transición como está planteada en el proyecto; y segundo, porque aun cuando no se acepte el sistema mixto de aseguramiento que propongo, no debemos delegarle a la Nueva EPS la responsabilidad de atender a todos los colombianos que se queden sin EPS por la transición. Hasta el momento la Nueva EPS no ha demostrado tener la capacidad administrativa, financiera y contractual para asumir una labor titánica como esta.
Con estas modificaciones propuestas, sólo quiero salvaguardar la salud de los colombianos, es una opción que recoge e integra muchas voces. Mi llamado respetuoso es a que nos escuchemos, porque aun cuando el Gobierno del cambio fue elegido por más de 11 millones de colombianos, debe gobernar para los 50 millones de personas que dependemos del sistema de salud.
